La retirada retroactiva de las primas a las energías renovables disparó más de 50 denuncias por parte de las empresas e inversores afectados. Tras años de litigios, los tribunales internacionales han resuelto un total de 23 procesos en contra del Reino de España. En total, las indemnizaciones reconocidas a las compañías que sufrieron esta circunstancia ascienden a 1.200 millones de euros.
El gobierno de Pedro Sánchez ha optado por mirar hacia otro lado y negarse a resarcir a los afectados. El ministerio de Transición Ecológica intentó buscar un acuerdo pero, al toparse con el rechazo de las empresas del sector, Teresa Ribera optó por lanzar una ofensiva judicial orientada a anular la ejecución de los laudos.
Así, el Ejecutivo se ha gastado en torno a 70 millones de los contribuyentes para contratar a decenas de bufetes internacionales con los que se ha intentado bloquear el pago de las indemnizaciones. Sin embargo, el empeño ha sido en vano, puesto que tribunales internacionales han mantenido las condenas y han impuesto a España el pago adicional de las costas judiciales y los intereses de demora, generando así un sobrecoste adicional de 180 millones.
Si se suman los 1.200 millones de las indemnizaciones, los 70 millones de los honorarios de los equipos jurídicos y los 180 millones de las condenas en costas y los intereses de demora, encontramos que la factura total asciende ya a 1.450 millones. Eso sí: puesto que Teresa Ribera se niega a saldar el asunto y sigue estirando su estrategia de impagar los laudos, las compañías afectadas han movido ficha y han puesto en marcha decenas de procedimientos con los que pretenden embargar todo tipo bienes del Reino de España en el extranjero.
Reino Unido, Australia, EEUU... y Suiza
Las primeras incautaciones se anunciaron en Reino Unido, donde la justicia ha autorizado la intervención cautelar del derecho al cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones), así como el embargo provisional de la sede del Instituto Cervantes en Londres y del edificio de promoción económica del gobierno de Cataluña en la City. La magistratura británica también ha dado su visto bueno a la congelación de distintas cuentas bancarias del Reino de España.
En la misma línea, las empresas e inversores afectados han movido ficho en Australia, donde han solicitado el reconocimiento de los laudos pendientes de pago. La Corte Suprema ha resuelto esta reclamación de manera favorable, de modo que aquellos activos que nuestro país posee en el país oceánico también están en peligro de ser embargados. En los próximos meses se anunciarán los procedimientos pertinentes, pero ya ha trascendido que la filial de Navantia es uno de los activos más codiciados por los afectados.
El pasado mes de junio, Libre Mercado adelantó que los activos de España en Estados Unidos también están en riesgo de embargo. Según pudo saber este diario, hay casi una decena de procesos en marcha y su resolución se espera para el último cuatrimestre del año. En caso de lograr una nueva victoria judicial, las empresas que han sufrido la retirada retroactiva de las primas y el impago de las indemnizaciones podrán mover ficha y reclamar a la justicia estadounidense que intervenga bienes de España en el país norteamericano.
Pero la cosa no acaba ahí. Esta semana, el Tribunal de Arbitraje de La Haya ha publicado la resolución del caso EDF, merced a la cual se obliga a España a indemnizar a la compañía gala con un pago de casi 30 millones de euros. Pues bien, la publicación especializada Investment Arbitration Reporter ha señalado que EDF está moviendo ficha para registrar el laudo en Suiza e iniciar de esta forma el proceso judicial que puede concluir con el embargo de bienes españoles en suelo helvético.
El proceso no será inmediato, puesto que los tribunales suizos escucharán primero las alegaciones del gobierno de España, que ya ha presupuestado 300.000 euros de dinero público para contratar los servicios del bufete local MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep. Si tal proceso se zanja con una nueva derrota de España, se abrirá la veda para que las empresas e inversores afectados puedan reclamar el embargo de todos aquellos bienes que nuestro país tiene en suelo helvético y no están sujetos a inmunidad de Estado (caso, por ejemplo, de las embajadas).
En resumen, un nuevo escándalo y otro frente judicial que se abre por motivo de los impagos del gobierno de Pedro Sánchez. Y todo sucede, además, después de la publicación de un informe que sitúa a nuestro país como la nación con un mayor número de sentencias internacionales pendientes de pago, por delante de Venezuela o Rusia.