Casi 100.000 millones de euros. Esa es la factura inicial que plantean ERC y Junts, los socios independentistas del PSOE, para investir de nuevo como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Y es que las negociaciones apenas acaban de comenzar.
Por un lado, los separatistas quieren reducir en 20.000 millones de euros la aportación que realiza Cataluña a las cuentas generales del Estado para financiar los servicios públicos del resto de comunidades autónomas. En el fondo, se trata del famoso Pacto Fiscal, el plan inicial que propuso Artur Mas en 2012 para convertir Cataluña en el tercer fuero de España, a imagen y semejanza de País Vasco y Navarra, que cuentan con haciendas propias para recaudar los impuestos en sus territorios y, posteriormente, mediante la aplicación de un cupo, pagan por los servicios que, teóricamente, presta el Estado en ambas regiones.
Y, por otro, reclaman la condonación de la ingente deuda que ha acumulado Cataluña con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un mecanismo de financiación extraordinario vigente desde 2012, cuya cuantía ya supera los 70.000 millones de euros.
Sin embargo, lo que no cuentan los independentistas es que, a diferencia del tradicional victimismo que venden a nivel político, su mala gestión, especialmente tras el referéndum ilegal de 2017, ha terminado por convertir Cataluña en el agujero negro de las cuentas públicas en España.
Aunque, tradicionalmente, Cataluña era la mayor economía de España, hace años que ha sido superada por Madrid. La Comunidad de Madrid aporta casi el 20% del PIB nacional, mientras que Cataluña se mantiene estancada en el 19%.
El año del procés, 2017, Cataluña creció por debajo de la media nacional y un 30% menos que Madrid. Y, desde entonces, esta senda se ha mantenido en el tiempo. Como resultado, la renta per cápita ha crecido con mucha menos fuerza en Cataluña, al tiempo que ha sufrido una importante fuga de capitales y empresas.
Y lo mismo sucede con las cuentas públicas. Cataluña acumula un déficit de más de 8.400 millones de euros desde 2017. Y es la región más endeudada de España, con casi 85.500 millones de euros, equivalente al 33% de su PIB -tan sólo superada por la Comunidad Valenciana-, y 11.000 euros per cápita. Madrid, por el contrario, es la autonomía de régimen común con menos deuda (14% de su PIB) y tiene una deuda per cápita de 5.500 euros, la mitad que Cataluña.
Madrid, la más solidaria
Asimismo, en cuanto al sistema de solidaridad interterritorial, Madrid es la región que más aporta a la caja común, con casi el 70% del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que sirve para financiar parte los hospitales y escuelas del resto de comunidades, muy por encima de las otras dos regiones que realizan aportaciones netas, como Cataluña (24%) y Baleares (3%).
Y se amplía la perspectiva temporal, tomando como referencia el periodo 2009-2020 (en 2009 es cuando se aprueba el actual Sistema de Financiación Autonómica), la aportación total de Madrid supera los 40.000 millones de euros, casi tres veces más que Cataluña (14.000 millones).