Parece que Glovo se ha convertido en una piedra en el zapato para el Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, para su vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, empeñada en convertir su famosa Ley Rider en uno de los grandes éxitos de su legislatura, junto a la reforma laboral. Sin embargo, de momento, los resultados de la ley no pueden ser más desastrosos: empresas de reparto que se marchan de España, como Gorillas o Deliveroo, y otras perseguidas por el Gobierno pese a que no existe queja alguna ni por el servicio que prestan, ni por la relación laboral que mantienen con sus empleados y colaboradores, como Glovo.
En su cruzada, el Gobierno ha utilizado al diario El País para cargar contra Glovo, y lo hace, además, amenazando con la Fiscalía y penas de cárcel por mantener autónomos entre sus repartidores. Es más, el diario de Prisa recuerda a los dueños de Glovo que en 2021 se aprobó la ley rider y que el año pasado, en 2022, se modificó el Código Penal para castigar el uso de falsos autónomos con penas de prisión imponiendo castigos que van de los seis meses a los seis años de cárcel o multa de seis a doce meses.
El encargado de lanzar el mensaje en las páginas de El País ha sido el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, quien se ha dirigido directamente a Prisa para amenazar a Glovo con iniciar contra ellos la vía penal: "Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley para que sean conscientes de que si no lo hacen, ya no es un problema solo de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales, dice."
Sin embargo, desde la compañía, fuentes consultadas insisten en que no han recibido nada. Sus portavoces insisten en que "a través de comunicaciones por correo electrónico y poniendo también a disposición teléfonos móviles de la dirección de la compañía, Glovo ha querido mantener siempre una vía de diálogo con el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, no hemos recibido la notificación a la que se hace referencia ni ningún otro tipo de comunicación al respecto. Confiamos en la legalidad del nuevo modelo, lanzado en agosto del 2021 en España, que lleva vigente desde ese momento y ha operado con total normalidad durante estos casi dos años".
En cuanto a los mensajeros de Glovo, la compañía mantiene autónomos y también contratados indefinidos, pero únicamente aquellos que trabajan llevando a domicilio pedidos de supermercados, ya que los supermercados sí pueden considerarse un centro de trabajo.
De momento, Glovo ha seguido prestando su servicio en ciudades como Madrid con normalidad y, a todas luces, aspiran a seguir haciéndolo. Desde el Ministerio continúan su cruzada.