La semana pasada, Carlos Sabaté, padre de Jordi Sabaté, enfermo de ELA, youtuber y divulgador de contenidos sobre esta grave dolencia, reclamaba en Es la Mañana de Federico de esRadio la necesidad de visibilizar la enfermedad, y se quejaba de que el desarrollo de la famosa ley ELA, aprobada en el Congreso, había sufrido ya cerca de medio centenar de aplazamientos.
La realidad es sangrante: unos 4.000 enfermos en España de ELA, una dolencia mortal y degenerativa, que, además, requiere de unos cuidados muy costosos para las familias. Sabaté redondeaba en 100.000 euros al año el coste de mantener a su hijo con vida. No es un problema menor, ya que la única alternativa que tienen las familias de estos enfermos que no puedan costear la asistencia diaria 24 horas, los respiradores, las camas articuladas, etc. es la eutanasia, ley que sí se ha aprobado bajo el mandato socialista.
Abundan los estudios que señalan el dinero que se despilfarra cada año en el gasto público en duplicidades innecesarias. Ese dinero que sale del bolsillo de empresas y ciudadanos y que se va directamente por el sumidero por ser ineficiente. El reciente informe del Instituto de Estudios Económicos, habla de 60.000 millones de euros anuales de gasto innecesario. Es decir, que si desapareciesen, no se perdería ni una sola prestación o servicio de los que actualmente financia el Estado.
El Gobierno, no sólo tira por el sumidero esos 60.000 millones sino que demuestra exuberancia presupuestaria con ayudas, subvenciones, pagas y estructuras administrativas, para satisfacer distintas bolsas de votos. Así dedica 400 euros de ayuda directa para jóvenes que cumplen 18 años en una suerte de bono cultural. Esto supone un mínimo de 200 millones de euros anuales de gasto, que podrían sufragar la mitad del coste de los enfermos de ELA.
Es más, sólo con una treceava parte del presupuesto del III Plan Estratégico de Igualdad Efectiva entre Hombre y Mujeres para 2022-2025, sería suficiente para atender a los enfermos de ELA. Recordemos que el año pasado el ministerio de Igualdad aprobó un plan estratégico dotado con 21.000 millones de euros a desarrollar en cuatro años, unos 5.000 millones de euros al año.
Pero no sólo eso. El Gobierno ha despilfarrado miles de millones de euros de los fondos europeos en cosas tan graves como una fábrica de aplicaciones móviles, campañas de publicidad para que las mujeres opten a un empleo público, a la realización de una encuesta por parte del Ministerio de Industria, la financiación de charlas de feminismo sindicalista, coches oficiales o cursos de socorrismo. La propia Yolanda Díaz distribuyó 688 millones de euros a través de los servicios públicos de Empleo a proyectos que cumplan con criterios tan llamativos como que "favorezcan la transformación productiva en materia de economía verde" o proyectos "de inserción para mujeres de baja cualificación e inmigrantes". Por supuesto, 160 millones estaban destinados a contratar más empleados públicos.
No faltan 60 millones para evitar la electrocución de pájaros en tendidos eléctricos o 4 millones de euros para campañas de autobombo de José Luis Escrivá, o 1 millones para pagar estancias de escritores en el extranjero o 25 para construir nuevas oficinas burocráticas de orientación para el empleo.
Y mientras el Gobierno se gasta esa ingente cantidad de recursos en asuntos tan vitales, tenemos que leer de manera recurrente las quejas de las asociaciones de Policía o Guardia Civil, sobre el estado de las instalaciones en las que desarrollan su trabajo, o la ausencia de elementos tan fundamentales para su función como los chalecos antibalas o la munición para sus armas reglamentarias.
La Ley del embudo presupuestario y político hace que la sanidad pública esté disponible para otorgar cambios de sexo pero no para dar soluciones a los enfermos de ELA. Que haya dinero para organizar fiestas, promocionar encuestas, o pagar estudios sobre el vuelo de las aves sobre distintos territorios españoles, pero no para evitar que un enfermo tenga que decidir entre poder respirar y vivir dos años más o morir y así evitar la carga económica que su familia tendría que asumir para seguir viéndole con vida.
Esto no es demagogia, es la exposición de un caso de asimetría presupuestaria que sirve para describir un mal endémico de nuestra sociedad, que acepta adocenada que le sangren literalmente a impuestos para que después no se ocupen de financiar con los mismos los problemas más acuciantes y fundamentales de la sociedad. No hay dinero para chalecos antibalas, pero sí para charlas con perspectiva de género. Los enfermos de ELA tienen que elegir entre pagar o morir, pero el Estado sí costea las inquietudes de ocio y cultura de los jóvenes de 18 años. El Estado no promociona la construcción o gestión de vivienda social, pero sí promociona la expropiación de facto y sin pago de justiprecio a los propietarios de vivienda con la excusa de la prestación de un servicio que debería correr de su cuenta.
Pagamos mucho y recibimos poco y mal. Eso sí, garantizando año a año que cada vez más gente dependa del presupuesto público. Debe ser que las charlas de perspectivas de género, o los estudios sobre el impacto de las ventosidades de las vacas en la capa de ozono que se elaboran con cargo al presupuesto público dan más votos que los enfermos de la ELA.