Estados Unidos y China mantienen una guerra comercial y ésta podría estar detrás del último movimiento de los norteamericanos. De esta forma, en los últimos meses han sido varios los estados norteamericanos que han decidido imponer medidas de restricción a la propiedad de los ciudadanos chinos en suelo estadounidense.
Así, la mayoría de prohibiciones afectan a la posibilidad de que el gobierno chino, además de otros países considerados contrarios a los Estados Unidos, empresas cercanas a estos regímenes y sus ciudadanos puedan comprar tierras agrícolas y propiedades en localizaciones cercanas a bases militares o infraestructuras consideradas críticas para el país norteamericano.
Esto se suma, como informamos en Libre Mercado, al anuncio que realizó el pasado día 10 de agosto Joe Biden por el cual declaraba una emergencia nacional dado el posible uso por parte de China de Inteligencia Artificial, semiconductores y computación cuántica para atacar a la seguridad nacional de EEUU. En este sentido, Biden anunció restricciones y prohibiciones de transacciones con empresas cercanas al régimen chino.
Se extienden las restricciones
Lo cierto es que históricamente Estados Unidos ha tratado de impedir que algunas minorías y que personas que no sean ciudadanos norteamericanos puedan adquirir propiedades o establezcan negocios. Esto es así incluso desde antes de la independencia del Reino Unido, pues ya entonces se impusieron restricciones coloniales sobre los súbditos británicos. Del mismo modo, los esclavos no pudieron tener nada en propiedad hasta después de la Guerra Civil, cuando se estableció la ciudadanía por nacimiento. Asimismo, los ciudadanos estadounidenses de origen asiático han sigo atacados a lo largo del último siglo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses de origen japonés perdieron sus casas y negocios y fueron enviados a campos de prisioneros.
Hoy, el objetivo principal es el enfrentamiento con China. Ya se está tratando de restringir el alcance de empresas chinas, como TikTok, pero también la propiedad de tierras y bienes inmuebles por parte de empresas y particulares chinos. Concretamente, se han presentado más de ochenta proyectos de ley este año para prohibir que el gobierno chino, empresas con sede en China y ciudadanos chinos puedan comprar tierras agrícolas cerca de bases militares, de acuerdo con el Washington Post. De hecho, de esos proyectos de ley, más de una decena son ya ley en vigor en lugares como Alabama, Idaho o Virginia, habiendo sido aprobados en su mayoría por legislaturas dominadas por el Partido Republicano. Estados como Montana o Dakota del Norte también han aprobado leyes que restringen la capacidad de los ciudadanos chinos para comprar propiedades, mientras que otros como Georgia, Iowa o Kansas están estudiando hacerlo.
Pero la legislación más restrictiva es la de Florida. Según recoge el Washington Post, las leyes de Florida prohíben que las personas que tengan su domicilio fiscal en China y no posean la ciudadanía estadounidense o residan permanentemente allí posean propiedades en este estado, del mismo modo que no pueden comprar propiedades dentro de las 10 millas de bases militares o infraestructuras críticas. De hecho, quien venda propiedades a inmigrantes chinos puede ser sancionado con una multa de hasta mil dólares o una pena de un año de cárcel. Por ello, esta ley ha sido impugnada ante la Justicia.
De la misma forma, estas iniciativas han pasado desde los estados hasta el Congreso, donde ya hay presentadas once propuestas para restringir la compra de tierras por parte de empresas y ciudadanos chinos. Si bien no ha sido aprobada ninguna de estas propuestas, aún hay varias pendientes.
Uno de los últimos casos más mediáticos en el que se trató de restringir la propiedad de tierras a manos extranjeras fue el del magnate chino Sun Guangxin, cercano al Partido Comunista Chino, quien en 2019 propuso un parque eólico de 46 turbinas en el suroeste de Texas para alimentar la red eléctrica del estado. Debido a su cercanía con el Partido Comunista Chino, se sugirió la posibilidad de que en las turbinas de la granja se llegaran a instalar dispositivos de espionaje para controlar la actividad en la Base de la Fuerza Aérea Laughlin, muy cercana al lugar. Finalmente, el Departamento de Defensa determinó que las turbinas no interrumpían el entrenamiento militar en la base, pero los legisladores del estado decidieron prohibir que cualquier empresa vinculada a "naciones hostiles" accediera a la red eléctrica de Texas o a cualquier otra "infraestructura crítica". Así, se acabó definitivamente con el proyecto de Sun Guangxin.
Otro caso similar se dio cuando los legisladores de Dakota del Norte expresaron su preocupación el año pasado pasado respecto a la compra de varias tierras agrícolas cerca de la Base de la Fuerza Aérea de Grand Forks. por parte de empresas chinas. No obstante, el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos expresó que la base de la Fuerza Aérea no se encontraba entre las consideradas instalaciones militares "sensibles".
Con todo, estas medidas han llegado a afectar al sector inmobiliario. El Washington Post recoge declaraciones de una agente de bienes raíces del sur de la Florida que explica que en las últimas semanas ha tenido que cerrar un gran número de acuerdos inmobiliarios para muchos de sus clientes chinos debido a que como consecuencia de estas regulaciones le preocupa que éstos se pudieran enfrentar en breve a nuevos obstáculos para comprar propiedades.
Diferentes posturas
Naturalmente, existe una división dentro de la sociedad norteamericana, y especialmente entre las diferentes facciones políticas, respecto a la necesidad de estas medidas. Por un lado, quienes defienden regulaciones de esta clase expresan que sirven para proteger la seguridad nacional del país. Un ejemplo de ello fue el republicano Ron DeSantis, que explicó, en referencia a las últimas decisiones tomadas en Florida, que este estado "está tomando medidas para enfrentarse a la mayor amenaza geopolítica de Estados Unidos: el Partido Comunista Chino". Y es que, en realidad, una de las principales preocupaciones para una parte de la población estadounidense es que el gobierno chino llegue a desarrollar operaciones de espionaje cerca de bases militares gracias a la adquisición de tierras agrícolas, sobre todo después de que el año pasado se detectase un globo espía dentro del espacio aéreo estadounidense. Como factor añadido, se teme también que si agentes hostiles a EEUU se hacen con un gran número de tierras agrícolas pueda verse afectado el suministro de alimentos.
I signed the strongest legislation in the nation to stop the influence of the Chinese Communist Party. The legislation:
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 8, 2023
- Prohibits land purchases by the CCP
- Blocks access to CCP-linked apps on government and educational institution servers and devices
- Prevents the CCP from… pic.twitter.com/bDSMCjy0fZ
De otro lado, para algunos ciudadanos estadounidenses de origen chino, las nuevas leyes sobre restricciones de propiedad les recuerdan a las medidas tomadas hace más de un siglo que les impidieron emigrar a Estados Unidos y adquirir diferentes propiedades allí durante varias décadas. Al respecto, quienes se muestran críticos con estas leyes expresan su dudosa constitucionalidad y su carácter puramente discriminatorio.
Es cierto, sin embargo, que la población de origen chino no es la única a la que afectan este tipo de regulaciones. Quienes tienen su hogar permanente en países como Cuba o Venezuela se ven, de hecho, afectados por estas leyes, de la misma forma en que Rusia, Irán y Corea del Norte también se encuentran con restricciones similares en EEUU. No obstante, los más críticos exponen que estas nuevas leyes sobrepasan cualquier motivo estratégico o de seguridad y que muestran "un creciente sentimiento antiasiático en Estados Unidos", según el Washinston Post. En este sentido, el mismo medio recoge la opinión de varios expertos que explican que, de acuerdo con un informe del USDA, los inversores chinos poseen el 1% de las tierras agrícolas estadounidenses.