El gobierno de Pedro Sánchez está cuestionando la legitimidad de los tribunales internacionales de arbitraje, hasta el punto de que no ha cumplido ni una sola de las más de veinte sentencias que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Esta circunstancia nos ha situado a la par de Venezuela o Rusia, perjudicando enormemente la imagen de España ante la comunidad inversora internacional y generando una situación inaudita para una democracia avanzada como la nuestra.
Al igual que en muchas otras cuestiones, la retórica de Sánchez ha cambiado a lo largo de los años. Antes de llegar al poder, el entonces líder de la oposición aseguraba que ayudaría a las empresas y familias afectadas. Ya en La Moncloa, su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, buscó un acuerdo con los perjudicados y defendió tal estrategia apelando a la importancia de que España "sea un país atractivo y seguro en términos de inversión".
Sin embargo, el Ejecutivo ha terminado dando un giro de 180 grados y ha anunciado que no piensa cumplir los laudos, comunicando asimismo su voluntad de abandonar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo de derecho internacional sobre el que se sustentan todos los litigios que condenan a nuestro país a pagar unas indemnizaciones que ya superan los 1.200 millones de euros.
Por el camino, el gobierno se ha asegurado de divulgar una retórica de desconfianza en torno a los procedimientos de arbitraje internacional, poniendo en duda la legitimidad de los mismos a pesar de que España ha participado en todos ellos y se ha gastado 70 millones reclutando a bufetes internacionales que han ejercido la defensa legal de nuestro país en dichos procesos.
Pero, más allá de la propaganda, lo cierto es que este tipo de mecanismos son recurrentes, efectivos y están ampliamente reconocidos. El mejor ejemplo lo tenemos con el CIADI, el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, al que España se adhirió a mediados de los años 90 y que ha canalizando miles de procedimientos de este tipo.
En total, desde su nacimiento en 1994 hasta el pasado curso 2022, el CIADI ha gestionado un total de 1.257 casos. De esta cifra, 890 han llegado a su fin, 343 se están dirimiendo y 24 están en situación desconocida por la cláusula de confidencialidad que han firmado las dos partes implicadas. El 36,7% de los laudos han sido favorables a los países denunciados, frente al 28% que han resuelto el proceso dando por buenos los argumentos de las empresas denunciantes.
Además, el 19,2% de las diferencias concluyeron con un acuerdo entre las partes registrado formalmente ante el CIADI, mientras que un 13,6% de los laudos decayeron con la retirada de la denuncia, un paso que a menudo suele anticipar algún tipo de acuerdo celebrado al margen del CIADI. Por último, en un 2,5% de los litigios, la decisión emitida fue neutral, encontrando el tribunal competente que ninguna de las partes tenía razón.
Los procedimientos que se realizan en el CIADI dependen de juristas de reconocido prestigio que presiden un tribunal compuesto por tres miembros. El consenso de las partes es fundamental: si no hay acuerdo en torno a la mesa que dirime la denuncia, se propone a nuevos juristas. Por lo tanto, España ha mostrado en todo su conformidad con los expertos que han dirimido las denuncias y que, en última instancia, han condenado a nuestro país a desembolsar las indemnizaciones que el gobierno se niega a ejecutar.