Este diario se hizo eco ayer de la demoledora carta remitida por el Banco Mundial al gobierno de España para exigir el pago de los laudos que condenan a nuestro país a indemnizar a las empresas e inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas concedidas a las energías renovables.
El CIADI, tribunal de arbitrajes internacionales del Banco Mundial, recordaba así al gobierno de PSOE y Podemos que no puede desatender sus obligaciones y que debe resarcir a las compañías que sufrieron esta situación de inseguridad jurídica durante la década pasada, por un valor total que se estima en torno a los 2.000 millones de euros.
Pues bien, Libre Mercado ha podido acceder también a la respuesta que ha enviado la Abogacía del Estado al CIADI y, de acuerdo con la documentación presentada a continuación, el Ejecutivo sigue sin reconocer sus obligaciones y se reafirma en su posición de impago, pero admite al mismo tiempo que la imagen de España está saliendo perjudicada por las consecuencias que se derivan de estos incumplimientos. Queda claro, pues, que la propaganda del gobierno de puertas afuera no casa con la preocupación que expresa en esta comunicación que ahora sale a la luz.
Un doble discurso insostenible
En la misiva, que tiene fecha del 31 de marzo, la Abogacía del Estado señala que el Banco Mundial no tiene capacidad para obligar a España a cumplir con estas obligaciones. Este planteamiento supone toda una afrenta al sistema de arbitrajes internacionales bajo el que se resuelven las disputas mercantiles de esta naturaleza. Al fin y al cabo, si todos los países se declarasen en rebeldía, todo el arreglo se vendría abajo. Por tanto, conviene recordar que España es el segundo país con más laudos internacionales pendientes de pago, por detrás de Venezuela y por delante de Rusia. Y es que romper de esta forma con las reglas del juego supone adoptar una posición tan atípica como aberrante e impropia de un país donde hay seguridad jurídica y predomina el imperio de la ley.
Al mismo tiempo, la respuesta de la Abogacía del Estado admite que "este tipo de comunicación no es inocua" y lamenta que esta situación "genera una publicidad indebida que va en detrimento de los intereses y de la imagen del Reino de España" (ver párrafo subrayado).
Parece, pues, que Sánchez quiere soplar y sorber, puesto que por un lado insiste en el impago y se salta sus obligaciones, pero por otro lado se muestra preocupado por las consecuencias que pueda tener esta decisión de dejar sin indemnización a quienes han visto reconocidos sus derechos en los procesos desarrollados ante el Banco Mundial (procesos a que, además, España reconoció en todo momento, concurriendo a presentar su defensa y validando así la legitimidad de un tribunal al que ahora, tras conocer su decisión, no respeta).