El destacado jurista holandés Nikos Lavranos ha visitado Madrid para presentar una actualización del Índice de Cumplimiento de Arbitrajes. El preocupante titular que se deriva de su investigación es que España ya ha superado a Venezuela y se ha convertido en el país que acumula un mayor número de laudos internacionales sin pagar.
La triste posición de liderazgo que ha alcanzado España no será oficial hasta este otoño, cuando el abogado neerlandés complete la revisión anual del documento. Sin embargo, ya es un hecho que las obligaciones sin resarcir acumuladas bajo gobierno de Pedro Sánchez nos han elevado a la primera posición de la tabla.
El pasado ejercicio 2022, Lavranos presentó la primera edición del informe, que colocaba a nuestro país en segunda posición. "Desde el pasado otoño hasta junio de 2023, las deudas que España acumula en estos tribunales se han duplicado, pasando de 600 a 1.200 millones. Además, esta cifra no incluye los intereses de demora ni las condenas en costas que se derivan de esta situación de incumplimientos generalizados", explicó.
El grueso de los impagos tienen que ver con la decisión del gobierno de España de descartar los laudos que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. Fueron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy los que procedieron a desmontar dicho esquema de incentivos, disparando decenas de litigios canalizados por el CIADI, el tribunal del Banco Mundial que dirime este tipo de procedimientos. Sin embargo, ha sido la Administración de Pedro Sánchez la que ha optado por desentenderse de los laudos que resolvieron tales disputas, generando el actual escenario de incumplimientos generalizados.
"Como España se ha negado a pagar estas indemnizaciones, la justicia británica y australiana ha reconocido esta circunstancia y ha autorizado los embargos que se han anunciado en los últimos meses. Llegar a esta situación es un grave error. Incumpliendo sus obligaciones, España se está disparando en el pie. No se puede minar el estado de derecho, poner en tela de juicio el imperio de la ley y generar tal inseguridad jurídica", lamentó Lavranos.
"Con este tipo de maniobras, lo único que se consigue es destrozar la confianza de los inversores internacionales y golpear la imagen del país ante la comunidad internacional. Además, si se pretendía esquivar el pago de estos laudos, el proceso de embargo de bienes ya ha dejado claro que no hay salida y que España debe pagar sus obligaciones y, en efecto, lo hará de una forma u otra", explicó el jurista.
"Las indemnizaciones que ya se han reconocido no van a desaparecer, de hecho van a seguir acumulándose debido a los intereses de demora, que además son más elevados en un contexto de inflación. En vez de despilfarrar de esa forma el dinero de los contribuyentes, España tiene que tomar conciencia de su situación y cumplir sus obligaciones", concluyó.