No cesa la polémica por la operación de la dictadura teocrática saudita sobre la principal teleco española: Telefónica. Si este miércoles propios y extraños se llevaban las manos a la cabeza al descubrir que Telefónica desconocía la operación y se enteraba al mismo tiempo que los medios de comunicación, este jueves el Gobierno sorprende con su viraje en su posición sobre la operación.
Este mismo jueves el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, se mostraba entusiasmado con la noticia. En declaraciones a los medios de comunicación desde Bruselas, Escrivá se felicitaba por que haya interés de fondos internacionales por empresas españolas.
"¡Qué bien que existan inversores tan importantes como los fondos soberanos en el mundo!", ha aplaudido el ministro, que ha celebrado que un fondo soberano como el de Arabia Saudí "apueste por España y las empresas españolas".
Al mismo tiempo, ha agregado, "existen una serie de procedimientos y mecanismos para asegurar que es compatible con la autonomía estratégica de España" y se ha remitido a las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien este miércoles aseguró, también desde Bruselas, que el Gobierno estaba al tanto del "carácter amistoso de la operación", sin intenciones de toma de control.
Precisamente este miércoles la vicepresidenta en funciones Nadia Calviño sacaba pecho de que el Gobierno de Sánchez había puesto en marcha la acción de oro que permitiría al Ejecutivo frenar una operación de estas características si tiene valor estratégico español. Sin embargo, al mismo tiempo, dejó una puerta abierta a aprobar la operación.
Es más, fuentes consultadas por Libertad Digital del entorno de los sauditas, daban por descontado el apoyo del Gobierno. Que la operación haya sido preparada por Morgan Stanley y Linkslaters, como adelantaba Libertad Digital, sería garantía de éxito, nos dicen.
No obstante, Escrivá ha subrayado "la parte positiva que tienen estas apuestas de grandes inversores internacionales en España" y, preguntado por la discreción con la que se ha llevado a cabo la operación, ha insistido en que "estas cosas se hacen así" y en que "no debería sorprender que las operaciones de mercado se hagan de forma discreta porque es como operan los inversores institucionales normalmente".
Más belicosa contra la operación se mostraba Yolanda Díaz, quien, no dudó en reivindicar la españolidad de Telefónica e instaba a sus compañeros de Gobierno en funciones a que activaran los resortes necesarios para garantizarla.
Por su parte, la portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez se limitó a decir que el Gobierno va a velar por la autonomía estratégica de Telefónica y por lo tanto, analizaría la operación.
Esta postura, favorable a las pretensiones de un fondo de inversión propiedad de la dictadura árabe, contrasta y mucho con la actitud del mismo Gobierno con la compra que IFM pretendió sobre Naturgy. Entre las dos operaciones había una diferencia crucial. IFM es un fondo de pensiones australiano, y STC es una compañía líder de telecomunicaciones en oriente próximo, propiedad de una dictadura islamista. En el caso de IFM, el Gobierno ejerció su acción de oro sobre las pretensiones del fondo australiano imponiendo todo tipo de condiciones.
Hay que recordar que, como los saudíes, IFM también señaló que sus intenciones sobre Naturgy eran totalmente amistosas y en ningún caso pretendían tomar el control de la entidad.