A pesar de que el Gobierno parece centrado únicamente en contentar a los independentistas de Cataluña, lo cierto es que los problemas de los ciudadanos de a pie son otros bien distintos. Entre ellos, la okupación, que sigue arruinando la vida a miles de propietarios que, en muchos de los casos, tienen que mantener a falsos vulnerables que, en realidad, viven a todo tren.
Este es precisamente el caso de Silvia, una andaluza que lleva un año y nueve meses sin recibir ni un euro de su inquiokupa, el hombre al que, tras heredar la casa de sus padres, decidió alquilar el chalet en el que ella misma vivía hasta entonces: una vivienda unifamiliar de 226 metros cuadrados en Málaga capital con piscina incluida.
Tras pagar el primer año, este señor y su familia se acabaron convirtiendo en okupas. Alegan ser vulnerables, pero la realidad es que viven por la cara en una lujosa casa por la que deberían estar pagando 1.600 euros al mes, mientras llevan a sus hijos a un colegio privado, disfrutan de coches de alta gama e incluso de una moto acuática que la propia Silvia ha visto aparcada en su garaje. "Si no tienen dinero, que se vayan a una casa más pequeña, pero es que sí lo tienen. Son falsos vulnerables", denuncia la propietaria.
De inquilino a inquiokupa
Su historia se remonta a enero de 2020. Silvia había decidido poner en alquiler el chalet en el que vivía y trasladarse a la casa de sus padres ya fallecidos. Lo hizo a través de una inmobiliaria que le aseguró que, aunque no aportaba nóminas, su inquilino era solvente y que prueba de ello era que había pagado por adelantado el primer año completo, además de cuatro meses de fianza. En total, 25.600 euros.
Al terminar el primer año, empezaron los problemas. "Nos dijo que si el siguiente lo podía pagar de dos veces y la segunda tardó en pagar mucho más de lo previsto, hasta que empezó a decir que nos quería comprar la casa con unas condiciones que no me gustaron nada, porque quería ir pagándome a plazos mientras hacía una reforma -explica la propietaria-, así que le dije a mi marido que aquello nos iba a traer muchos problemas y que lo mejor era que nosotros volviéramos a vivir allí y que vendiéramos la casa de mis padres".
Le avisaron con el tiempo que marcaba la ley y a partir de ahí comenzó su particular calvario: "Empezó a chillar, a decirnos que él no se iba a ir, que me buscara un abogado… Y más claro no pudo ser, porque eso fue lo que me tocó". Su inquilino dejó en primer lugar de pagar los suministros y, misteriosamente, todo se empezó a estropear. "Primero que si los baños se habían atascado, luego que si el termo, que si había que pintar la casa porque había salido una humedad… Y yo se lo iba arreglando todo", lamenta Silvia.
Frente a su buena fe, él optó finalmente por dejar de pagar el alquiler. "Incluso me bloqueo el teléfono, porque yo le llamaba para que me pagase el recibo del agua que eran 170-200 euros cada dos meses", apunta. La propietaria no tuvo más remedio entonces que mandarle un burofax para reclamarle todo el dinero que le debía entre unas cosas y otras y, ante su falta de respuesta, finalmente decidió interponer una demanda de desahucio. La jueza le dió la razón, pero, como desgraciadamente suele suceder en estos casos, justo antes de que este se produjese, el ya okupa se presentó como vulnerable.
Falso vulnerable
Silvia tenía claro que de vulnerable no tenía nada, así que recurrió de inmediato. "Cada vez que yo mandaba allí a un obrero para arreglar las cosas que él decía que se estropeaban, me decían que vivía a todo tren y se echaban las manos a la cabeza del dinero que decían que manejaba y es que efectivamente él lleva a sus hijos a un colegio privado, tiene coches de alta gama aparcados en la puerta de mi casa y hasta una moto acuática", denuncia la propietaria, que ha tenido que ver cómo este verano llenaba la piscina a su costa y disfrutaba de ella.
"Yo estoy manteniendo dos casas y dos familias: la mía y la suya", apunta desesperada. Y, mientras tanto, él campando a sus anchas. El problema, el mismo de siempre: cada vez que un juez ordena su desahucio confirmando su falsa vulnerabilidad, él recurre de nuevo. "Como la Justicia va lentísima, lo que está haciendo es dilatar los plazos todo lo que puede para seguir allí el máximo posible".
Ahora mismo, el plazo se acerca a su fin: si quiere seguir recurriendo, primero tiene que pagar los 21.800 euros que debe. Si no, el desahucio será ya inevitable. "Yo de verdad que lo único que quiero ya es que se vaya, porque esto es un sinvivir. Y ya no es solo el dinero, es la impotencia de sentir que te están tomando el pelo y nadie hace nada. Y, como mi caso, hay tropecientos", insiste.
El mensaje al Gobierno
Precisamente por eso, llama al próximo Gobierno a tomarse en serio esta lacra. "Todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero no a costa de los particulares. Eso es un problema del Gobierno y es él el que tiene que asumirlo -subraya-. Los Servicios Sociales tienen que ayudar a quienes lo necesitan realmente y a los que no, señalarles como falsos vulnerables en lugar de darles facilidades, porque están abusando de eso".
Además, esta propietaria advierte de que, con la legislación actual, lo único que van a conseguir es acabar con el mercado de alquiler. "Se te quitan las ganas de alquilar. Yo tengo claro que nunca más y con las condiciones que hay ahora mismo, menos. Esto es una ruina", asegura Silvia, quien, sin embargo, reconoce que la parte económica ni siquiera es la peor: "Esto es matarte en vida, de verdad".