El Consejo General del Principado de Andorra, cámara legislativa del pequeño país pirenaico, ha aprobado por mayoría absoluta un proyecto de ley que prohíbe la inversión extranjera en el sector inmobiliario. Esta decisión, que se anuncia como una "moratoria transitoria", ha sido justificada por la necesidad de lograr un nuevo "equilibrio" en el mercado de la vivienda.
La política económica andorrana ha tendido a favorecer la entrada de capital foráneo, pero 23 de los 28 legisladores han unido fuerzas para aprobar esta polémica decisión que, en teoría, será transitoria y servirá para la posterior aprobación de un impuesto específico que sí tendrá vocación de permanencia y que gravará la compra de inmuebles por parte de empresas o ciudadanos extranjeros.
Puesto que hay consenso para aprobar el impuesto, los políticos andorranos se han puesto de acuerdo para introducir esta prohibición temporal con ánimo de evitar un "efecto llamada" que sobrecargase la inversión inmobiliaria con compras de última hora pensadas para esquivar la adopción de un tributo que debería estar listo a lo largo del próximo año.
Los cinco parlamentarios que se han opuesto a esta medida pertenecen a dos grupos políticos: Liberales de Andorra, que cuenta con cinco representantes, y Andorra Adelante, que cuenta con un curul ligado a un legislador que antaño formaba parte de la formación Tercera Vía. Las dos fuerzas más importantes del Parlamento andorrano en la presente legislatura son Demócratas por Andorra y el Partido Socialdemócrata, siendo el primero de estos dos partidos el que ostenta el gobierno del Principado.
Aunque el precio medio de la vivienda en Andorra se mantuvo estable a lo largo de buena parte de la década pasada, la evolución ha sido claramente alcista en los últimos años, con una subida del 10% en el año 2022. El país pirenaico ha experimentado dicho encarecimiento debido a la confluencia de dos factores. Por un lado, la oferta de vivienda no ha crecido de la forma esperada; por otro, la población ha crecido con más rapidez de lo esperado, pasando de menos de 70.000 a cerca de 85.000 habitantes entre 2010 y 2023, como puede verse en el siguiente gráfico.
El atractivo modelo fiscal del Principado, que aplica un tipo único del 10% en el IRPF, el IVA y el Impuesto de Sociedades, ha contribuido al boom económico del país. Sin embargo, ante el encarecimiento de los precios, Andorra ha tomado distintas medidas de intervención en el ámbito de la vivienda. Desde el pasado año 2022, por ejemplo, la revalorización de los alquileres ha quedado ligada a la evolución de los procesos negociación colectiva que determinan el desempeño de los salarios, mientras que la concesión de licencias para pisos turísticos ha sido suspendida por dos años.