Los políticos de ideología comunista o socialista tienden temen la libertad y el libre acuerdo entre personas como manera de funcionar de una sociedad o una economía. Así, imponen por ley lo que se puede hacer o no con las mascotas, a qué horas se pueden abrir las tiendas, a qué temperatura hay que poner el aire acondicionado o cuántas horas hay que trabajar, son sus únicas soluciones.
El nivel de intrusismo es brutal y en esta línea va la última propuesta de Yolanda Díaz para Trabajo: Sumar quiere que el salario mínimo interprofesional alcance los 1.500 euros mensuales netos y que cada año trabajamos una hora menos para "llegar una hora antes a casa". Y lo mejor de todo: quieren imponerlo por ley.
Pero, ¿por qué son propuestas nefastas e infantiles? Primero, por creer que se puede regular por ley la joranda laboral y el salario percibido sin destruir empleo y en segundo lugar porque lo único que genera este tipo de intervencionismo es paro y precariedad.
Este tipo de medidas, igual que la que ya lograron imponer para obligar a todas las empresas a registrar las jornadas laborales de sus empleados para que no sobrepasara las horas estimadas por contrato con los correspondientes descansos, así como las reglas para cumplir con el teletrabajo, son más propias de los usos y costumbres del trabajo en las fábricas del siglo XXI, cuando el sindicalismo o los convenios colectivos no sólo eran necesarios, sino positivos. La mayor parte de la masa laboral podía trabajar cumpliendo un horario, y fichaba cada día para formar parte de la cadena de montaje que fuera, o del jornal correspondiente en el campo.
Sin embargo, la evolución de la tecnología y el progreso permite hoy en día diversificar precisamente ese trabajo. Ya no entramos mayoritariamente en fábricas a cadenas de montaje, sino que abrimos negocios, damos clases, pertenecemos a un departamento comercial o en el caso de periodistas, acudimos a ruedas de prensa, quedamos comer con fuentes y acudimos a presentaciones para encontrarnos con las personas e instituciones en las que se generan las noticias que posteriormente tenemos que investigar, redactar, locutar, montar, editar y publicar.
El problema es que desde la izquierda progre en España, siguen insistiendo en soluciones decimonónicas para el empleo, cuyos efectos oscilan entre el empobrecimiento generalizado y el incremento del desempleo, amén de la precariedad.
Salario mínimo en 1.500 euros
¿Y por qué no en 3000? No demos ideas. El problema de seguir subiendo el salario mínimo de manera indiscriminada (en 2019 era de 1000 euros y en 2015 de 750) y colocarlo en el umbral de los 1.500 euros netos al mes es acercar el SMI al salario medio en España (2.106 euros). Pero es que el salario más habitual en España es de 18.502 euros (1.080 euros en catorce pagas o 1.270 en 12 pagas).
Es decir, que la señora Díaz quiere que el salario mínimo se sitúe muy por encima del salario promedio en España y se acerque al salario medio.
Esto es directamente una barbaridad en el sistema laboral más débil de todo el continente, donde soportamos las mayores tasas de paro, paro juvenil y precariedad laboral.
Las cuentas son sencillas. Si un empresario tiene que pagar 1.500 euros a un trabajador, quiere decir que, dependiendo de los casos, entre cotizaciones sociales e impuestos, ese trabajador a la compañía le cuesta alrededor de 2.500 euros/mes. Es decir unos 30.000 euros brutos.
En esencia, lo que quiere esto decir es que, si Yolanda Díaz se sale con la suya, cualquier empresario que quiera contratar aa alguien a tiempo completo, tendrá que calcular que la productividad de ese empleado tiene que ser superior a esos 30.000 euros brutos, si quiera, para justificar su contratación. En resumen. Muchísimas pequeñas empresas, microempresas, o incluso autónomos, no podrán contratar a ningún empleado con esos salarios.
Reducir horas laborales
Por otro lado, que se quiera reducir por ley las horas trabajadas, además de ser una iniciativa que ha fracasado en países donde se ha puesto en marcha como en Francia, es especialmente dañino en un país como España donde uno de los principales problemas que tenemos es la productividad.
No sólo eso, sino que significa, de nuevo, un incremento en los costes de contratación, ya que tenemos que pagar lo mismo por menos productividad.