Mientras Yolanda Díaz asegura que el mercado laboral marcha de maravilla y Nadia Calviño afirma que la economía española se mantiene firme y robusta, los datos dicen lo contrario. Y lo dicen hasta dentro de la propia Administración. Porque bajo la coordinación de Pedro Sánchez, este pasado mes de septiembre se ha registrado todo un récord en destrucción de empleos dentro del sistema nacional de salud. En concreto, el número de puestos amortizados -perdidos- en hospitales se eleva a 49.303. Los recortes ya han llegado.
El sector de la Administración Pública destruyó el pasado mes de septiembre 39.505 puestos de trabajo que, sumados a las 9.800 bajas registradas en el sector específico de Sanidad y Servicios Sociales, arroja una cifra de 49.303 empleos perdidos, según los datos de la Seguridad Social recabados por CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado ya al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una reunión urgente para evaluar esta situación "dado que no hay constancia de que un mes de septiembre haya sido tan devastador para el empleo público", señalan desde el sindicato.
Lo cierto es que sólo el empleo destruido el pasado mes supera en 10.000 el número de plazas que contempla toda la oferta de empleo público para 2023 en la Administración General del Estado.
Además, ya se acumulan dos meses consecutivos de destrucción de empleo, puesto que en agosto se perdieron otros 11.121 puestos de trabajo en las Administraciones Públicas.
Por todo ello, CSIF mantiene "su preocupación por la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a medio plazo y espera que se conforme un Gobierno que permita diseñar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público".
Los datos de CSIF desvelan que la Administración Pública Estatal ha perdido 64.400 trabajadores en 10 años, según el último registro del Boletín Estadístico de Personal (en julio de 2022 había 515.449 trabajadores, mientras que en julio de 2012 la plantilla era de 579.892).
Y CSIF consideres que "esta situación es muy preocupante y está afectando al funcionamiento de servicios clave cuyas plantillas se encuentran muy envejecidas y tensionadas por la carga de trabajo. Así quedó de manifiesto durante la pandemia, cuyos efectos aún lastran nuestras administraciones, como comprueban a diario nuestros ciudadanos y los trabajadores públicos".
CSIF aprovechará sus reuniones con el Gobierno para recordar otra cuestión: la situación de la temporalidad. En la actualidad, según datos de la Encuesta de Población Activa recabados por el sindicato, "hay más de 1,1 millones de personas en situación de temporalidad en las Administraciones Públicas, lo que supone un 31% del total". Los procesos de estabilización están en marcha y deben estar concluidos a 31 de diciembre de 2024, cuando la tasa de temporalidad no deberá superar el 8% para dar cumplimiento a los requerimientos de la Unión Europea. Y el dato actual sitúa al aparato público como uno de los de mayor temporalidad, mientras es el propio Gobierno el que acusa de precariedad a los empresarios privados.