En un sólo mes, agosto, las Administraciones españolas han eliminado la cuarta parte de toda la oferta pública de empleo lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez para el conjunto del año. ¿El motivo? El déficit crónico que vive España y la falta de fondos para financiar más gasto pese al enorme saqueo fiscal -85.000 millones de aumento de recaudación en dos años-. Pero si esta es la realidad, el relato político y electoralista de Pedro Sánchez fue muy distinto antes del 23-J. De hecho, sólo en esa campaña se impulsaron 30.000 puestos públicos más para contentar a los funcionarios.
"Las administraciones públicas han destruido un total de 11.121 empleos durante el mes de agosto, lo que supone más de una cuarta parte de la oferta de empleo público de este año en la Administración del Estado, según los datos oficiales de la Seguridad Social, que analiza la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)", destaca el sindicato.
CSIF también ha querido llamar la atención sobre "la pérdida de 59.407 empleos en el sector de la Educación, muchos de ellos correspondientes a personal interino al que posteriormente se vuelve a contratar en septiembre (en total, entre junio, julio y agosto se han destruido 221.834 empleos en este sector)". Y, por todo ello, "CSIF mantiene su preocupación por la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a medio plazo y espera que se conforme un Gobierno que permita diseñar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público".
Desde el sindicato destacan que "hay que tener en cuenta el envejecimiento de las plantillas y que hay ámbitos muy tensionados como la sanidad, la educación, SEPE, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo o Instituciones Penitenciarias. CSIF reclama la eliminación definitiva la tasa de reposición y realizar una planificación plurianual a varios años de las ofertas de empleo público".
Lo cierto es que la contratación pública no ha dejado de crecer. Pero no al nivel prometido por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y menos aún, al nivel anunciado en plena campaña electoral del 23-J. Y es que hay que recordar que el Gobierno impulsó una oferta de empleo público (OEP) para 2023 de más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE) justo en la rampa electoral de julio de este año. Esa cifra superaba en un 20% el número de plazas de funcionario que se sumaron el año anterior a la nómina pública y se anunciaba a 13 días de las elecciones del 23-J.
Por esas fechas, se sumaban 12 meses en los que el empleo público se había incrementado en 55.700 personas, tal y como reflejaba la estadística oficial de la EPA. En total, en las fechas de esa campaña electoral, los datos oficiales mostraban ya un colectivo de 3.523.900 funcionarios en España.
Entre los puntos del acuerdo firmado en julio para elevar la oferta pública de empleo destacaba el incremento de un 20% de las plazas ofertadas para la Administración General del Estado (AGE) respecto a 2022.