Pedro Sánchez dijo en plena negociación política que subiría el sueldo en las empresas públicas. En el fondo, el presidente del Gobierno es el patrón de todas esas plantillas y empleados públicos. Pues bien, a 7.000 de esos trabajadores no les ha llegado ni un euro de esa subida y a otros 4.000, en teoría les debe llegar, pero todavía no les han ingresado la subida.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado hace dos semanas que más de 11.000 empleados públicos no han llegado a cobrar la "insuficiente subida salarial del 2,5% de 2023 que debe hacerse efectiva desde el 1 de enero" de este año.
"Nueve meses después, los trabajadores de empresas públicas como Paradores, Puertos del Estado, Fundae o Incibe todavía no han cobrado esta subida que está recogida en los Presupuestos Generales del Estado desde el año pasado". En ese colectivo hay 7.000 personas. Otras 4.000, procedentes principalmente de Navantia, en teoría, deberían ya cobrarlo, pero los ingresos adicionales no han llegado aún.
"El sindicato lamenta que estas entidades se hayan quedado en el furgón de cola para cobrar una subida que, sin embargo, ya se ha abonado en la mayoría de empresas públicas que pertenecen a la misma familia: el Estado", destaca CSIF. La misma fuerza sindical ha exigido a Hacienda que autorice "ya la subida salarial en todas las empresas públicas que están pendientes de pagarla a sus empleados e, incluso, recuerda que hay una empresa pública como Senasa (especializada en la seguridad aérea y navegación aeronáutica), cuyos 600 empleados aún ni siquiera han cobrado la subida de 2022".
El sindicato insiste en que se trata "de una subida insuficiente a pesar de que en las nóminas de este mes de octubre deba complementarse con el 0,5% (también con carácter retroactivo desde el 1 de enero) tal y como se acordó si el IPC armonizado, sumado de 2022 y 2023, superaba el 6%". Pero, en este caso, la cosa va a más. Y es que se trata de un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos en las negociaciones con los funcionarios. Y lo cometen quienes acusan posteriormente de abuso y precariedad a los empresarios privados de España.