Campeones de Europa en IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Los españoles pagan los impuestos más altos del continente sobre la renta, su patrimonio y sus herencias, tributos cuya gestión es compartida por el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. Así lo refleja el último Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, elaborado por Fundalib y Tax Foundation.
En el Impuesto sobre la Renta, todas las regiones de España, incluidas las forales, aplican tipos impositivos marginales máximos por encima de la media de la UE (42,65%). Y, al mismo tiempo, once países europeos tienen un IRPF más reducido que cualquiera de las CCAA de España. Pero la Comunidad Valenciana -con datos de 2022- se lleva la palma, ya que aplica un tipo máximo del 54%, el más alto de Europa, únicamente superado por Austria (55%), Francia (55,4%) y Dinamarca (55,9%).
Sin embargo, en Dinamarca los trabajadores sólo tributan por IRPF, de modo que no soportan la carga adicional de las cotizaciones a la Seguridad Social, como sucede en España, mientras que en Austria el tipo máximo se aplica únicamente a las rentas que supera el millón de euros. España, pues, se sitúa a la cabeza, junto con Francia.
En total, diez autonomías (Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Canarias, Asturias, Cantabria, Cataluña, Aragón, Baleares y Extremadura, más las tres diputaciones vascas) tienen un tipo impositivo máximo más alto que Alemania (47,5%). Madrid es la única comunidad que ha mantenido un tipo impositivo máximo del 45%, en sintonía con los demás países europeos como Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, Suiza, Noruega, los países de este de Europa o los bálticos.
En Patrimonio, la situación es aún más sangrante, ya que España es una excepción a nivel internacional. Es uno de los escasos países que mantiene este tributo y, además, aplica los tipos más altos, situándose, igualmente, a la cabeza de Europa. España es, con diferencia, el país con el mayor gravamen sobre el patrimonio, un impuesto que únicamente se mantiene en Suiza, a nivel cantonal, y en Noruega. Y ello, a pesar de que España tiene menor renta per cápita y desarrollo económico que estos tres países.
Este tributo está en vías de extinción en todo el mundo. En las últimas tres décadas, Italia (1992), Austria (1994), Dinamarca (1997), Irlanda (1997), Países Bajos (2001), Finlandia (2006), Suecia (2007) y, recientemente, Francia lo han derogado para las personas físicas. Y en Alemania es inconstitucional desde 1997. España no sólo lo mantiene, sino que aplica el gravamen más alto, con un tipo máximo que va del 3,75% en Extremadura y Comunidad Valenciana al 1,25% en Galicia. Le siguen Noruega con el 1,1% y Suiza con el 0,702%.
Además, el Gobierno central, para atacar a Madrid, Andalucía y Murcia, que son las únicas regiones que tienen bonificado este impuesto al 100%, aprobó un nuevo Impuesto sobre el Patrimonio a nivel estatal, de modo que ahora ya no hay escapatoria posible para los contribuyentes.
A finales de 2022, se aprobó el llamado Impuesto de "solidaridad de las grandes fortunas", que, en principio, tan sólo se aplicaría de forma temporal en 2022 y 2023. Ahora, el Ejecutivo quiere convertirlo en un nuevo impuesto permanente. En este caso, el tipo impositivo es del 1,7% para patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% entre 5 y 10 millones; y del 3,5% para patrimonios superiores a 10 millones de euros.
En la práctica, este impuesto estatal, que ha sido recurrido por varias CCAA ante el Tribunal Constitucional por invadir sus competencias en materia fiscal, únicamente afecta a los contribuyentes de las regiones que aplican un tipo más reducido que el fijado por el Gobierno. Las únicas que se salvan son Navarra y el País Vasco, cuyo régimen foral les otorga competencias plenas para regular y aplicar el tributo en su ámbito territorial (allí no aplica el nuevo tributo estatal).
Este impuesto supone, además, una doble e incluso triple tributación, puesto que el patrimonio ya ha sido gravado anteriormente bien a través del IRPF o a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por esta razón, son muchos los expertos fiscales que consideran que este impuesto tiene carácter confiscatorio.
Herencias y donaciones
Por si fuera poco, España también tiene los impuestos más altos de Europa en Sucesiones y Donaciones, con un tipo máximo del 87,6%, una vez aplicados los coeficientes multiplicadores por parentesco y patrimonio preexistente.
En España, el tipo máximo del gravamen es del 34%, pero tanto Asturias como Murcia lo han elevado al 36%. Sin embargo, al aplicar los coeficientes multiplicadores en función del grupo de parentesco y patrimonio preexistente, el tipo general sube hasta el 81,6% y hasta el 87,6% en Asturias y Murcia, los tipos más altos de toda Europa.
Asimismo, trece autonomías aplican un tipo máximo más alto que Bélgica (80%). Y quince de los países europeos que aún mantienen este impuesto tienen tipos máximos más reducidos que los de cualquier comunidad autónoma española.
Este tributo, parecido a Patrimonio, también supone una doble imposición, ya que grava nuevamente lo que ya ha sido gravado a través del IRPF. Por eso, muchos países de Europa lo han eliminado por completo. Suecia, Eslovaquia, Letonia, Estonia, Austria, Noruega, Republica Checa, Israel, Canadá, Nueva Zelandia, Méjico y Australia son tan sólo algunos ejemplos de países que han derogado o donde nunca ha existido el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Más subidas en el horizonte
Así pues, los españoles sufren, hoy por hoy, los impuestos más altos de Europa en IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Y el problema es que el Gobierno de Sánchez aún los quiere subir más.
La mal llamada "armonización fiscal", cuyo objetivo no es otro que castigar a las regiones que, dentro de sus competencias, han decidido reducir o eliminar impuestos, como es el caso de Madrid o Andalucía, ha supuesto el restablecimiento del Impuesto del Patrimonio a nivel estatal, afectando, por tanto, a los contribuyentes de todo el país.
Pero ahora los socios del PSOE, tanto los comunistas de Sumar como los separatistas de ERC, pretenden extender esta misma "armonización" al resto de tributos cedidos a las autonomías, como es el caso de IRPF (la mitad del tributo es gestionado por las CCAA) o Sucesiones y Donaciones. Si el Gobierno cede, habrá nuevas subidas fiscales sobre la renta, las herencias y las donaciones en vida de los españoles.