El crecimiento económico y la subida de impuestos lograrán reducir ligeramente el déficit y la deuda pública el próximo año para cumplir con las exigencias de Bruselas. Y ello, a pesar de que el gasto seguirá aumentando en términos nominales debido, sobre todo, a la nueva subida de los sueldos públicos y las pensiones. Este es el principal mensaje que incorpora el Gobierno de Pedro Sánchez en el Plan Presupuestario de 2024 que ha enviado este lunes a la Comisión Europea.
Como cada mediados de octubre, el Ejecutivo ha remitido a la Comisión este informe en cumplimiento de las normas comunitarias. El texto incluye tanto las previsiones del cuadro macroeconómico, como la evolución de las finanzas públicas del país y el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Sin embargo, la novedad es que el próximo año los Estados deberán cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados por la UE, después de la suspensión temporal de estas reglas aprobada en 2020, como consecuencia del estallido de la pandemia, y prorrogada, posteriormente, a raíz de la invasión de Ucrania por Rusia.
Así pues, los estados miembros deberán reforzar la sostenibilidad de sus finanzas públicas. El Plan Presupuestario estima reducir el déficit público al 3% del PIB en 2024, frente al 3,9% previsto a cierre del presente ejercicio. Y la deuda pública bajaría del 108,1% este año al 106,3% el siguiente.
Para lograrlo, el Gobierno se apoya, en primer lugar, en unas positivas perspectivas de crecimiento. La economía nacional crecerá un 2% en 2024, frente al 2,4% previsto para este año. Además, prevé la creación de 700.000 empleos en estos dos ejercicios y una reducción de la tasa media de paro hasta situarse por debajo del 11%, con una población activa que rondará por entonces los 24 millones de personas. También estima que seguirá mejorando la calidad de empleo y que la remuneración por asalariado crecerá por encima del IPC.
El crecimiento amortiguará el mayor gasto público, ya que, pese a aumentar en casi 25.000 millones de euros en 2024 (3,7% interanual), hasta un total de 694.000 millones, su peso sobre el PIB bajará del 45,8% este año al 45% el próximo. Empleados públicos y jubilados serán los más favorecidos por el aumento del gasto. Las pensiones subirán conforme al IPC y todo apunta a que el alza rondará el 4%, aunque el dato definitivo se conocerá con la inflación de noviembre, tal y como quedó fijado por ley en la última reforma. A la subida de las pensiones, se sumarán incrementos adicionales para las mínimas y las no contributivas.
Asimismo, el Plan también incluye una nueva subida salarial para los empleados públicos, un fijo del 2% más un variable del 0,5% adicional conforme la variación del IPC armonizado, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la Función Pública. La factura de este incremento de sueldo se estima en 4.746 millones.
Nuevas subidas de impuestos
Además del crecimiento del PIB, el segundo mecanismo para reducir el déficit y la deuda a pesar del mayor gasto es el incremento de la recaudación. Los ingresos subirán en casi 36.000 millones de euros, un 5,8% más a nivel interanual, hasta aproximarse a un total de 649.000 millones.
De este modo, representarán el 42% del PIB, ligeramente por encima del 41,9% de 2023. Y dentro de los ingresos, la recaudación por impuestos alcanzará los 382.755 millones de euros, lo que implica un incremento del 7,5% en comparación con 2023.
Este aumento se explica, según el Gobierno, por la subida de sueldos y pensiones, la mayor creación de empleo, el avance del consumo y las últimas subidas fiscales aprobadas, tales como la reducción del límite de las aportaciones a los planes de pensiones, la fijación de una tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades, la introducción del nuevo Impuesto Especial sobre Envases de plástico, el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas o los gravámenes especiales a las compañías energéticas y financieras.
Sin embargo, el Plan Presupuestario también contiene nuevas subidas tributarias. Dado que el Gobierno está en funciones y, por tanto, habrá prórroga presupuestaria, no prevé extender las rebajas extraordinarias aplicadas sobre la energía y la alimentación para tratar de contener la inflación, cuya vigencia termina el próximo 31 de diciembre.
El Ejecutivo decretó en su día la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, la reducción del tipo del IVA en electricidad y gas, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad. También rebajó el tipo reducido del IVA del 4% al 0% para determinados alimentos básicos, y en otros casos, como el aceite y las pastas, bajó del 10% al 5%.
Pero su aplicación concluirá a cierre de año, según avanza el nuevo Plan. Así pues, 2024 arrancará con más impuestos. La reversión de estas medidas anticrisis supondrá un nuevo palo fiscal próximo a los 5.000 millones de euros, y, como resultado, los recibidos de la luz y el gas podrían subir un 20% desde enero.
Además, la negativa del Gobierno a deflactar las tarifas del IRPF supondrá una nueva subida fiscal por la puerta de atrás debido a la inflación. La recaudación por cotizaciones sociales, por su parte, aumentará un 6,4% impulsada en parte por las subidas artificiales del salario mínimo (SMI), el recargo derivado del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,7 puntos) y el destope de las bases máximas de cotización entre 2024 y 2050, que subirán el IPC anual más una cuantía fija de 1,2 puntos a lo largo de todo el período.
No es de extrañar, por tanto, que la presión fiscal, que es la suma de los ingresos tributarios y de las cotizaciones sociales, suba en casi 40.000 millones de euros en 2024, al elevarse del 38,1% del PIB en 2023 al 38,6% en 2024, según recoge el citado documento.