Mientras Telefónica prepara la presentación de su nuevo plan estratégico y de negocio para la compañía con la vista puesta en 2026, la toma de posiciones del gigante de la comunicación Saudí, STC, en la compañía que dirige José María Álvarez-Pallete, continúa. La operación, que según confesaron fuentes internas de Telefónica pilló por sorpresa hasta al propio Pallete, ha tenido su primera parada importante en Bruselas. Sin embargo, nada se ha avanzado ya que las instituciones comunitarias se han dado mus.
El eurodiputado de Izquierda Unida Manuel Pineda pedía al Ejecutivo comunitario que se pronunciara. Lo hacía preguntando a la Comisión Europea si consideraba la compra una "amenaza para la seguridad" y si pensaba "intervenir para evitar" la entrada de un "régimen absolutista" como el de Arabia saudí en el sector de las telecomunicaciones. Curioso posicionamiento el de IU: cargan contra Arabia saudí, sunita y musulmán moderado, aunque dictadura a fin de cuentas, pero son totalmente serviles a los intereses de los terroristas chiítas de Hamás en Palestina.
Pues bien, el Ejecutivo comunitario no ha tardado en responder. El encargado de hacerlo ha sido Vladis Dombrovskis, quien ha dicho que no están "en condiciones de formular observaciones" sobre la entrada de STC en el accionariado de Telefónica y ha recordado que la decisión final al respecto corresponde a España.
En cualquier caso, desde las instituciones comunitarias han recordado a Pineda que en la UE están abiertos a la "inversión extranjera directa (IED) y permite a los proveedores de servicios extranjeros establecerse libremente en su mercado de telecomunicaciones". Dicho esto, también recuerda que cada Estado debe considerar los riesgos para la seguridad o el orden público de una inversión de estas características.
En este sentido, ha recordado que el Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas establece un mecanismo de cooperación que permite a la Comisión y a los Estados miembros "detectar, evaluar y mitigar posibles riesgos para la seguridad o el orden público en relación con la inversión", un reglamento que permite también el control en el sector de las telecomunicaciones.
Esto, ha precisado, "implica que el Estado miembro donde se prevea la inversión, o donde esta se realice, podrá, de conformidad con su mecanismo nacional de control, imponer condiciones o, en casos extremos, prohibir la inversión si llega a la conclusión de que esa IED concreta puede afectar a la seguridad o al orden público en el país o en otros Estados miembros". "La decisión final corresponde al Estado miembro en el que tiene lugar la inversión", ha explicado.
De este modo, se ha abstenido de manifestarse sobre la entrada saudí en Telefónica. "La divulgación de cualquier información relativa a transacciones específicas socavaría la obligación de la Comisión de garantizar la confidencialidad de la información transmitida en el marco del mecanismo de cooperación", ha concluido.