El pasado miércoles 25 de agosto trascendió la publicación de un nuevo laudo internacional que condena a España por la retirada de las primas renovables. La decisión tomada por el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, se ampara en el Tratado de la Carta de la Energía del que nuestro país es signatario y reconoce una indemnización de 15 millones a los inversores afectados, que además tendrán que percibir otros 3 millones en concepto de condenas en costas.
Mathias Kruck encabeza el grupo de inversores a los que se ha reconocido la compensación, pero no está sólo. Junto a él figuran otros siete empresarios teutones que invirtieron en nuestro país ante el atractivo régimen de primas renovables que luego fue retirado con efecto retroactivo. Se trata de Ralf Hofmann, Frank Schumm, Jürgen Reiss, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Joachim Kruck.
Sus instalaciones de generación de energía renovable estaban repartidas por diversos puntos de la geografía española. Su vehículo inversor, Deutsche Solargesellschaft, abrió plantas fotovoltaicas en Tordesillas (Valladolid), Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) o Calasparra (Murcia). Sin embargo, las retribuciones prometidas a estas instalaciones fueron revertidas de 2010 a 2014, mediante modificaciones fiscales y regulatorias que motivaron la denuncia.
No lo han tenido fácil Mathias Kruck y sus socios a la hora de hacer valer sus derechos. Solamente en abogados han desembolsado alrededor de 3 millones de euros, que ahora les deberían ser compensados en virtud de la decisión que ha tomado el CIADI. Además, el perjuicio calculado por los afectados asciende a 67 millones, de modo que el laudo conocido hace escasos días no respalda plenamente sus pretensiones.
Además, aunque su odisea se ha prolongado por ocho años, los intereses de demora reconocidos por el tribunal se calcularán con un tipo del 1,1% a pesar de que los afectados pidieron fijar un umbral mayor que reconociese los actuales niveles de inflación. Y, por si fuera poco, todo apunta a que el gobierno de Sánchez insistirá en impagar el laudo, como ya ha hecho en otros 20 casos similares.
Para conseguir derrotar a la Abogacía del Estado, los germanos han apostado fuerte y han contratado a dos prestigiosos bufetes: uno español, Gómez-Acebo & Pombo, y otro francés, King & Spalding. El despacho parisino ha movilizado también a algunos de sus juristas contratados en Frankfurt (Alemania) y en Houston y Atlante (Estados Unidos).
Lo que no ha trascendido es el dinero que se ha gastado el Departamento de Arbitrajes Internacionales de la Abogacía del Estado contratando abogados, consultoras y asesores internacionales. El gobierno se ha negado sistemáticamente a ofrecer este dato, que las empresas afectadas cifran en 70 millones de euros. Sí ha trascendido, no obstante, que esta instancia de la Administración Pública española ha movilizado al menos a veintiún trabajadores para que trabajen en este caso concreto.