La retirada retroactiva de las primas renovables disparó las denuncias internacionales contra España. Estos litigios podrían haberse zanjado con un acuerdo entre el gobierno y las empresas afectadas, pero los acercamientos han sido puntuales e infructuosos, de manera que los procedimientos contra nuestro país han seguido su curso.
La mayoría de las denuncias se están gestionando en el CIADI, tribunal dependiente del Banco Mundial, mientras que otras se han canalizado a través de la Corte de La Haya. España ha salido vencedora en un puñado de casos, mientras que las empresas afectadas han ganado en el 90% de los procedimientos para los que ya se ha publicado una decisión.
De momento, se han emitido más de 20 laudos que condenan a nuestro país al pago de indemnizaciones por valor de 1.200 millones de euros, así como a desembolsos adicionales ligados a las condenas en costas y el pago de los intereses de demora. Por otro lado, como el gobierno de Pedro Sánchez se niega a pagar los laudos, las compañías golpeadas por la retirada retroactiva de las primas renovables están reclamando el embargo de activos y bienes del Reino de España ante la justicia de países como Reino Unido o Australia.
Todo lo anterior supone gastos crecientes para el erario público, sobre todo en materia de contratación de asesores jurídicos dedicados a guiar a la Abogacía del Estado en este tipo de procedimientos. De ahí surge la pregunta que cada vez se hacen más conocedores del caso: ¿cuánto va a gastarse nuestro país en la contratación de bufetes de abogados?
Lo más transparente y honesto por parte del gobierno de Pedro Sánchez sería responder a la prensa ante los numerosos requerimientos de información que se han hecho para conocer el alcance de los gastos de esta índole. Sin embargo, el ministerio de Transición Ecológica, que encabeza Teresa Ribera, se niega a ofrecer esta información. De hecho, no solamente no se ha atendido la petición de este diario, sino que tampoco se han ofrecido estas cifras a ningún otro medio, a pesar de que se han formulado ya numerosos reclamos desde el ámbito periodístico.
Ante semejante opacidad, la prensa solamente puede rastrear los datos publicados en la plataforma de contratación del Estado, pero este ejercicio solamente es aproximativo. Si procedemos a realizar tal búsqueda, encontramos que la parte del león de estas adjudicaciones viene necesariamente del Instituto para la Diversificación para el Ahorro y el Energético (IDAE), que ha formalizado más de 300 contratos de esta naturaleza y ha consignado a los mismos un total de 40 millones de euros. Los contratos han ido a parar principalmente a bufetes de abogados, pero también se han repartido entre consultoras, peritos, empresas de traducción…
Las empresas afectadas explican a este diario que esta cifra seguirá creciendo y recomiendan que el gobierno cierre algún tipo de acuerdo que ponga fin a la controversia y normalice la situación. Además, señalan que los gastos totales realizados por el gobierno estarían más cerca de los 70 millones – es decir, 30 millones por encima de los 40 millones que se pueden rastrear revisando las adjudicaciones del IDAE.
Cada vez que el gobierno de España insiste en el impago de los laudos, las obligaciones legales van a más. Por ejemplo, el pasado mes de abril se adjudicó un contrato de 1,4 millones al despacho Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP tras conocerse que el caso Infrared puede desembocar en el embargo de distintos edificios, cuentas de banco y activos del Reino de España en Londres. Entre los bienes afectados podría estar la sede del Instituto Cervantes en las islas británicas.