Es complicado encontrar una explicación al modelo energético de Teresa Ribera. Ella asegura que favorece un modelo energético diseñado para la transición verde y la Agenda 2030. Pero lo cierto es que, tras matar a impuestos al resto de energía, ahora se lanza ya incluso a por las verdes en su fiebre recaudadora. Los expertos advierten ya de un esquema de "superposición de impuestos", que puede dejar a España, no sin un tipo de energía, sino con unos precios generales que lleven a buena parte de la población o empresas a verse obligados a tener que prescindir de parte de su consumo habitual de energía.
"La superposición de impuestos y topes artificiales de precios de las energías eólica y solar en 2024". Se trata de la última amenaza detectada por los expertos en el modelo energético -si es que se le puede denominar así- de la ministra de Pedro Sánchez, Teresa Ribera. Porque hasta ahora era la nuclear la principal receptora de los golpes políticos. Pero Ribera parece estar dispuesta a destartalar todo el esquema energético y ahora reduce ya incentivo hasta de las energías verdes, esas que dice amparar con la Agenda 2030.
A partir de enero de 2024 el Gobierno prevé recuperar el impuesto del 7% a los ingresos de las empresas generadoras de electricidad (que éstas, evidentemente, repercutirán en el precio del mercado mayorista) y baraja, también, prorrogar el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad (un RD que, pese a la literatura, ha reducido los ingresos de las energías eólica y solar al limitar sus ingresos y beneficios). Y, si el impuesto del 7 % y este RD acaban coincidiendo en el tiempo, lo que cierto es que harán perder atractivo inversor, no sólo a las explotadoras de energía nuclear, sino también a las propias empresas españolas de energías renovables. Y, en este contexto, si adicionalmente se prorrogara también la excepción ibérica (Real Decreto-ley 3/2023, de 28 de marzo, de prórroga del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo), el desastre sería sonado ante el apoyo al consumo subvencionado de este combustible.
Así, ahora es el propio sector verde el que empieza a temer a Teresa Ribera. Y las razones son variadas. En primer lugar por su plan de prorrogar los hitos establecidos para las obtenciones de las autorizaciones administrativas. En junio de 2023, el Gobierno, a través del Real Decreto-Ley ómnibus de ampliación de medidas económicas en respuesta a la guerra en Ucrania, extendió seis meses más el plazo inicialmente otorgado para la autorización de construcción de los permisos de acceso, lo que produjo un retraso en la obtención de esos permisos. Y, si el Gobierno vuelve a conceder otra prórroga para cumplir con los hitos que marcan las fechas límite para la obtención de las autorizaciones administrativas (previa, de construcción y de explotación), no hará otra cosa que propiciar un nuevo retraso en la obtención de las autorizaciones, lo que penalizará a las empresas más serias del sector, que han hecho sus deberes, y favorecerá a aquellos promotores (normalmente especuladores orientados a la venta de autorizaciones y no al desarrollo de proyectos industriales) que no han invertido recursos propios para lograr superar las exigencias técnicas, medioambientales, etc. exigidas por el Ministerio.
Para colmo, el sector teme una posible superposición de impuestos y de topes a precios de las energías eólica y solar en 2024. A partir de enero de 2024 el Gobierno quiere recuperar el impuesto del 7% a los ingresos de las empresas generadoras de electricidad (que éstas repercutirán en el precio del mercado mayorista) y baraja también prorrogar el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad (un RD que, en realidad, penaliza enormemente los ingresos de las energías eólica y solar, al limitar sus ingresos y beneficios). Todo un alarde de aumento de costes y carga fiscal.
Pero, además, se ha generado todo un esquema de desincentivo tarifario para el consumo en horas de máxima producción renovable solar. La tarifa eléctrica diseñada por el Gobierno mantiene el concepto de horas valle, llano y punta, consideras en base a la demanda y no a la generación, produciéndose la paradoja de que en horas de máxima generación renovable (a costes muy bajos) el consumo es más caro. Y, por el contrario, el consumo está incentivado (es más barato) cuando la generación se realiza mayoritariamente con los caros y contaminantes combustibles fósiles (fundamentalmente por la noche, con los ciclos combinados).