El pasado martes 24 de octubre, la vicepresidenta segunda del Gobierno de España Yolanda Díaz levantó un gran revuelo anunciado que PSOE y Sumar habían llegado a un acuerdo para prohibir algunos vuelos peninsulares.
La medida se lleva a cabo en nombre de toda la psicosis climática y carece de todo tipo de justificación real y científica, pues como ya se ha contado en este periódico, en el año 2021 el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España elaboró un informe donde mostraba dos cosas: 1) Que en España la aviación doméstica apenas es responsable del 1,2% de las emisiones totales de CO2 y 2) que el CO2 emitido por todas las conexiones aéreas susceptibles de ser reemplazadas por trayectos en trenes con una duración inferior a tres horas sólo supondría el 0,1% del total de emisiones.
No obstante, y aunque lo que acabamos de contar es ya razón suficiente como para rechazar cualquier intento de prohibir los vuelos nacionales, queda una segunda cuestión igual o más importante. Y es que, según el Portal de Transparencia del Gobierno, Yolanda Díaz ha utilizado el Falcon un total de 20 veces entre 2021 y 2022. ¿Por qué sería esto algo resaltable?, ¿acaso tiene algún tipo de importancia que Yolanda Díaz, o cualquier otro ministro, utilice el avión oficial para desplazarse?
En principio no debería haber ningún inconveniente en que un representante público haga uso de los medios disponibles a su alcance para desempeñar su trabajo y hacer frente a sus responsabilidades, sin embargo, para este caso concreto que nos atañe sí que es muy pertinente criticar la hipocresía de Yolanda Díaz, y del Gobierno en general, al hacer un uso periódico del Falcon al tiempo que pretenden que los ciudadanos no puedan elegir libremente cómo desplazarse.
Esta hipocresía o incoherencia viene de que los vuelos privados (la ocupación media es de 4,7 pasajeros) contaminan, por persona, entre 5 y 14 veces más que los vuelos comerciales (entre 120 y 176 pasajeros), según este informe de Transport & Envioronment del año 2021. En sólo una hora, un avión privado puede contaminar dos toneladas de CO2, mientras que un ciudadano español emite en todo un año tan sólo 5 toneladas de CO2. Es decir, Yolanda Díaz ha podido contaminar en 2022 sólo con esos 10 viajes en avión oficial lo mismo que el ciudadano español medio en todo un año, a lo que habría que sumarle los distintos viajes que realiza la ministra en vuelos comerciales. Por otro lado, y a colación de la alternativa en tren, los vuelos privados contaminan hasta 50 veces más que los trenes, una cifra escandalosa
Hay que tener en cuenta también un dato importante, y es que sólo el 1% de la población (la parte de la población más rica del planeta) es responsable de la producción del 50% de las emisiones mundiales de CO2 por aviación (Yolanda Díaz y toda la casta política pertenece a este 1%).
Es decir, mientras los políticos nos bombardean con lo importante que es reducir la contaminación en todos los ámbitos, al mismo tiempo son los responsables de la mitad de todas las emisiones de CO2 por aviación, siendo el restante 99% de la población el responsable de la otra mitad. Para más inri, es precisamente a nuestra muy privilegiada élite política a la que la Unión Europea no estima oportuno imponer restricciones a los vuelos privados, aunque quizá tenga algo que ver en que sería justamente a ellos a quienes afectaría cualquier tipo de restricción.
En definitiva, los ciudadanos españoles tienen que asistir, de nuevo, a la enésima lección de moral de una élite política que no contenta con contaminar muchísimo más que cualquier español, tiene la desfachatez de imponer restricciones justamente a quienes menos recursos tienen y cuya contaminación es sustancialmente inferior a la de cualquier persona que forma parte de ese 1%. Mientras no nos demos cuenta de que estas medidas no contribuyen en prácticamente nada a combatir el calentamiento global y que sólo suponen una reducción de nuestra libertad, los políticos de turno seguirán arrebatándonos logros que ya habíamos conseguido décadas atrás.