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Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pactan una estocada de 10.000 millones a las empresas

Explicamos la sonrojante manipulación de los datos oficiales del Impuesto de Sociedades perpetrada por la vicepresidenta en funciones.

Explicamos la sonrojante manipulación de los datos oficiales del Impuesto de Sociedades perpetrada por la vicepresidenta en funciones.
La líder de Sumar y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez. | EFE

La vicepresidenta del gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha anunciado que el acuerdo suscrito por su formación con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez "elevará la recaudación en 10.000 millones de euros", al asegurar que alcanzarán "el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas", poniendo fin a la "ingeniería fiscal" de las grandes compañías.

El Ministerio de Hacienda se ha negado a confirmar la cifra de recaudación facilitada por Díaz en su encuentro con la prensa. De igual manera, tampoco se ha entregado ningún documento, estudio o memoria económica que acredite el aumento de los ingresos planteado por la dirigente comunista. De modo que no es sencillo analizar el posible impacto de un anuncio que aparentemente no tiene la menor solvencia técnica detrás.

Es importante recalcar, eso sí, que los argumentos esgrimidos por la política gallega en la presentación del acuerdo PSOE-Sumar incurren en distintas falacias que ya han sido sobradamente desmontadas desde hace años. Por ejemplo, Díaz afirma que las grandes compañías pagan un tipo del 3-4% en el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, este cálculo compara sus resultados globales (es decir, el beneficio que obtienen en nuestro país y en el extranjero) con su tributación en suelo español.

Por lo tanto, se trata de una métrica absurda, que ignora por completo el hecho de que las ganancias corporativas pagan impuestos allí donde se generan. De hecho, si estudiamos en el tipo efectivo que abonan las empresas españolas en el Impuesto de Sociedades, encontramos que dicho umbral se sitúa entre el 21% y el 22%, de acuerdo con los datos que ha facilitado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) a partir de la información que publica la Agencia Tributaria.

Además, si estudiamos cuál es la evolución del tipo efectivo para los cinco años anteriores, podemos ver que se ha situado siempre en el entorno del 20-22%. Huelga decir que los niveles reales de tributación son entre cinco y siete veces mayores de lo que sostiene Díaz cuando afirma falsamente que las grandes empresas españolas pagan apenas un 3-4%.

¿Acaso España es un paraíso fiscal?

De hecho, a veces ni siquiera es preciso recurrir al análisis económico para desmontar un bulo tan lamentable. Al fin y al cabo, si fuese cierto que las grandes empresas españolas pagan solamente un tipo efectivo del 3-4% en el Impuesto de Sociedades, nuestro país no tardaría en convertirse en un paraíso fiscal al que acudirían todas las corporaciones interesadas en operar en suelo europeo. Evidentemente, esto no es así.

No hay que olvidar que los tipos más bajos observados en el Viejo Continente son el 9% que aplica Hungría y el 12,5% que exige Irlanda, siendo el promedio de la OCDE del 25%. Por tanto, si realmente España aplicase una fiscalidad ultrarreducida a los beneficios empresariales, el boom de inversiones extranjeras no tardaría en materializarse. Desgraciadamente, esto solamente es ficción.

Por otro lado, PSOE y Sumar parecen ignorar que los impuestos no los pagan las empresas. En realidad, los tributos que se aplican sobre las sociedades mercantiles se cobran a base de recortar salarios, subir precios y reducir dividendos. Lo primero es especialmente acusado, puesto que cada trabajador gana 635 euros menos al año por la incidencia del Impuesto de Sociedades en el resultado contable de su empleador.

Así, se estima que el 70% de la recaudación de Sociedades recae sobre los trabajadores en forma de sueldos más bajos. Sin embargo, el 30% restante también provoca daños severos sobre el crecimiento, en la medida en que repercute en precios más altos (es decir, ceba la subida de la inflación) y dividendos más bajos (induciendo una espiral a la baja que conduce a menos inversión, menos productividad y, en última instancia, un mercado laboral más deficiente).

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