Una cosa es lo que se promete en política y otra muy distinta las consecuencias reales que tienen las medidas anunciadas una vez que se aprueban y aplican. Ejemplos de esta particular disonancia hay muchos. Sin ir más lejos, el Gobierno impulsó una reforma penal, bajo la denominada Ley del Sí es Sí, que, en teoría, reforzaría la protección de las mujeres ante las agresiones sexuales y, sin embargo, éstas no han dejado de aumentar, al tiempo que dicha norma ha liberado a más de cien violadores y beneficiado a más de mil agresores.
Lo mismo sucede en economía. PSOE y Sumar llegaron este martes a un acuerdo para revalidar su Gobierno de coalición en caso de que Pedro Sánchez logre ser investido como presidente. Y entre las diferentes medidas acordadas destacan dos en materia económica: la reducción de la jornada laboral y una nueva vuelta de tuerca a la regulación de los alquileres.
En concreto, el pacto contempla promover por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas a la semana sin reducción salarial, frente a las 40 horas vigentes en la actualidad. Su aplicación se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025. A partir de entonces, se estudiarán nuevas rebajas -con las 35 horas como referencia-.
Y también incluye una mayor regulación del mercado del alquiler, tras la puesta en marcha de la nueva Ley de Vivienda el pasado mes de mayo. Se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas para limitar los precios y restringir los pisos turísticos.
Con estas dos medidas, el Gobierno de PSOE y Podemos pretende, por un lado, que los españoles trabajen menos horas por el mismo sueldo y, por otro, contener e incluso reducir el precio de los alquileres. El problema, sin embargo, es que nada de esto sucederá. Más bien todo lo contrario: muchos trabajadores perderán poder adquisitivo y el precio de los alquileres subirá más que en ausencia de tales propuestas.
La reducción de jornada por ley, sin atender las condiciones específicas de cada empresa, acaba dañando la competitividad, al tiempo que modera las subidas salariales, aumenta el gasto público e incluso termina lastrando las condiciones laborales de los trabajadores en determinados sectores. No es una mera hipótesis. La jornada de 35 horas ya fue implantada por Francia en los años 90 y, finalmente, tuvieron que dar marcha atrás debido al fracaso cosechado.
Lo que subyace en esta política laboral es repartir las horas de trabajo, de modo que la reducción de jornada se traduzca en la creación de nuevos empleos para cubrir la diferencia. Pero la realidad es muy diferente. Si de verdad se lograra cumplir el citado recorte de 40 a 37,5 horas semanales sin bajar sueldos, el coste laboral de las empresas subiría un 6,25% manteniéndose el resto de variables constantes.
Y un mayor coste laboral, sin incremento adicional de la productividad del trabajo, se traduce en menos creación de empleo, más despidos y, por tanto, más paro en caso de que las empresas no puedan permitirse ese coste adicional y, en última instancia, menos inversión, menos crecimiento económico y una menor remuneración final para los trabajadores. A mayores costes por ley, serán muchas las empresas que optarán por moderar las subidas de sueldos para compensar de algún modo esta nueva carga adicional.
No se trata de una hipótesis. Incluso los partidos que promulgan y defienden la reducción de jornada son conscientes de que eleva los costes empresariales y, por esa misma razón, este tipo de políticas suelen ir acompañadas de un amplio paquete de subvenciones en forma de ayudas o rebajas en las cotizaciones sociales, a cargo siempre del contribuyente, para que su implementación no dispare los despidos.
Así pues, este recorte de horas de trabajo en ningún caso saldría gratis, ya que aumentará el gasto público y, por tanto, se traducirá en más impuestos presentes o futuros para familias y empresas, siempre y cuando el Gobierno opte por nuevas subvenciones. Pero es que, incluso con estos incentivos, los trabajadores perderán poder adquisitivo a medio y largo plazo en forma de menos aumentos salariales, según evidencia la experiencia francesa.
Francia redujo de 39 a 35 horas la jornada completa de trabajo entre 1997 y 2009 y, aun incluyendo un cuantioso programa de subvenciones para las empresas y otras medidas de flexibilización interna para compensar el incremento de costes, el plan naufragó. Su aplicación se tradujo en una moderación de los salarios, cuando no una reducción en algunos casos, e insatisfacción de buena parte de los trabajadores por el deterioro de las condiciones laborales, ya que también se redujo el margen para escoger libremente horario. El entonces Gobierno de Sarkozy abolió de facto la jornada de 35 horas en 2008.
A priori, y dado que la medida pactada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz consiste en reducir la jornada a 37,5 horas, su efecto negativo será más suave, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos convenios colectivos que ya están vigentes, incluido el del sector público, ya contemplan la jornada de 37,5 horas. La medida afectaría a cerca de 12 millones de trabajadores, algo más de la mitad de la fuerza laboral, pero, en todo caso, no favorecería a la mayoría de asalariados.
La oferta de alquiler se hunde
Idéntico destino tendría el endurecimiento en la regulación de los alquileres en caso de que se produzca. Desde que Sánchez intervino el mercado tras el estallido de la pandemia en 2020, llegando incluso a congelar y fijar los precios por ley, la oferta de viviendas en alquiler ha caído en picado, agravando así la subida de rentas y dificultando más la accesibilidad.
En concreto, la oferta de alquiler habitual en España se han hundido un 30,6% desde que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda el pasado mayo, según datos recopilados por la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias. La demanda, por el contrario, ha subido un 11% en los últimos 5 meses. El precio medio, como resultado, ha subido un 9,2% interanual.
Las agencias, además, advierten de que el 26% de los propietarios están endureciendo los requisitos exigibles a los potenciales inquilinos para alquilar. Así pues, todo lo que sea endurecer la regulación existente se traducirá en menos oferta y más subidas de precios, diga lo que diga este o cualquier otro gobierno.