Hay un viejo refrán español que dice algo así como que "el que venga detrás, que arree". En un principio se utilizaba para celebrar un buen trabajo: se planteaba casi como un reto, con la idea de "a ver quién es capaz de igualar lo realizado o ponerse a la altura de los que estuvieron antes". Ahora, sin embargo, lo usamos más como expresión de advertencia: algo así como "esto es lo que hay y al que le toque enfrentarse a esta realidad... pues que apechugue con lo que se encuentre".
Imaginamos que a Pedro Sánchez le gustará imaginarse a su sucesor como a alguien que tiene ante sí al primero de los significados (el desafío que supone igualar al que estuvo antes que nosotros). Intuimos que ese mismo sucesor, ya sea en 2025-27 o quién sabe cuándo, se verá más en el papel de aquel al que le ha caído un engorro y no sabe cómo salir del mismo. Porque estas semanas de negociación pre-investidura están reforzando la sensación de que el socialista no sólo es capaz de cambiar de opinión sobre un innumerable número de asuntos, sino que no está dispuesto a enredarse en cuestiones espinosas a corto plazo si pueden resolverse en unos años; los suficientes para que sea otro el que tenga que afrontarlas.
Todos los grandes desafíos que enfrenta la economía española quedarán pendientes de resolución una vez que Sánchez abandone el Palacio de la Moncloa. Sí, incluso aunque todavía quedan al menos tres o cuatro años para que se llegue a ese momento, podemos decir que las bases ya están sentadas para que el Gobierno actual no tenga que decidir realmente sobre el fondo de ningún tema complicado. En cierto sentido, es una obra maestra de la (mala) política: planteo escenarios poco probables, establezco elementos de ajuste que no tendré que aplicar directamente y evito decisiones impopulares.
En temas tan diferentes entre sí como las pensiones o la transición energética, vemos el mismo patrón. En primer lugar, el Gobierno necesita el visto bueno de Bruselas y algo hay que darle a los burócratas comunitarios, lo suficiente como para que parezca que estamos ocupados. Por supuesto, una respuesta definitiva implicaría meterse en un charco político, de esos que el presidente siempre intenta evitar. Problemas, los justos; los que se necesiten para garantizar la investidura y la permanencia en la Moncloa, y ni uno más.
Así que antes de tomar una decisión, se pospone. ¿Cómo? Estableciendo un calendario a futuro y con un informe que dice que mis previsiones podrían cumplirse si todo sale bien. En pensiones, si disparamos el crecimiento y la productividad, si incrementamos la fuerza laboral, si los españoles se jubilan mucho más tarde... si todos esos síes se cumplen, quizás no haya que hacer ningún ajuste más allá de los que ya están en marcha.
En el mercado energético, como explicábamos hace unos días, las cuentas de la lechera de Teresa Ribera nos dicen que si instalamos en una década el doble de paneles solares o molinos de viento de lo que hemos hecho en toda nuestra historia, si los españoles se ponen a comprar coches eléctricos como si no hubiera otra opción, si se disparan todavía más las instalaciones de autoconsumo, si nos pasamos en masa al vehículo eléctrico... si todos esos síes se cumplen, quizás no haya riesgo de desabastecimiento ni tengamos que tirar, como Alemania, de carbón y gas para sustituir a la nuclear. Si no se cumplen, alguien tendrá que tomar en 2028-30 medidas muy costosas: pero ese alguien ya no será él.
Por supuesto, lo mismo se intuye que ocurrirá con la imprescindible consolidación de las cuentas públicas. Por ahora estamos tirando de la inflación (te sube la recaudación y te baja el coste de la deuda sin que necesites tomar decisiones incómodas) pero en algún momento habrá que hacer algo. ¿Cuándo? En un futuro lo más lejano posible. De hecho, en el acuerdo PSOE-Sumar ni siquiera hay anuncios de grandes subidas tributarias. Lo poco que hay es tirando a fake: un incremento en Sociedades que desde que se anunció intentan explicar que no será tal. Y no mucho más. ¿Habrá subidas de impuestos? Sí, pero no se intuye ahora mismo un cambio radical ni siquiera en este punto.
No nos extrañe que la financiación autonómica que salga de las exigencias de ERC y Junts vaya por el mismo camino. Como ahora hay dinero en la caja, prometemos un poco más para todos (bueno, más para unos que para otros, que somos iguales pero unos más iguales que otros) y así acallamos a los discrepantes. Llegará el día en el que haya que meter la tijera, pero eso ya se lo encontrará otro. O, como mínimo, llegará en un par de años y eso es demasiado tiempo como para preocuparse en este momento.
Si algo ha caracterizado al Sánchez político ha sido siempre su cortoplacismo. Los problemas se enfrentan cuando aparecen. Por eso es capaz de cambiar de opinión en 48 horas y decir que no miente. En parte creo que él mismo lo interioriza: si antes no era un problema, daba una respuesta cuando le preguntaban por un tema; si ahora sí lo es, acomoda su postura a ese cambio de estado.
Habrá quien piense que al final esto de la economía es menos grave y que el destrozo institucional que está perpetrando con su entrega a los golpistas catalanes es mucho más importante. Y es cierto. Pero en el fondo no hay tanta diferencia: de la amnistía a la (no) reforma de las pensiones hay un hilo conductor, el del superviviente que sólo piensa en sí mismo y en lo que necesita hoy para llegar a mañana, sin preocuparle en absoluto lo que deje para el que le suceda. La economía española no está en situación de esperar cuatro años más. No es que vayamos a despeñarnos a la griega en un par de trimestres, pero se intuye que tenemos antes nosotros otros cuatro años perdidos, como la última década y media, de ese estancamiento que cada vez se parece más a una parálisis. ¿Y el que venga detrás? Pues arrear, tendrá que arrear de verdad.