Teresa Ribera quiere que seamos verdes, muy verdes. Y esto no debería ser ningún problema. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico puede desear el futuro que crea conveniente. Como usted o como yo.
La diferencia es que ella, además, puede intentar construirlo desde su cartera y hacer planes sobre qué ocurrirá cuando eso llegue, si es que llega. Y, ahí sí, sus previsiones pueden tener impacto en nuestras vidas. Por ejemplo, hace unos meses, el Gobierno remitió a la Comisión Europea (CE) el borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Podría decirse que se trata de la hoja de ruta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha marcado para lograr sus objetivos de reducción de emisiones. Estamos ante el documento que mejor delinea cómo quiere que sea el mercado energético español a finales de esta década. Porque no se queda sólo en una cifra objetivo sobre emisiones, sino que plantea cómo lograrla.
Este lunes, Fedea publicaba un estudio de Diego Rodríguez Rodríguez sobre este PNIEC, con varias conclusiones preocupante. La principal es que no será sencillo lograr los objetivos de Ribera ni en cuanto a instalación de nuevas plantas renovables ni en lo que respecta al almacenamiento de energía. En este punto, surge una pregunta evidente: y si no se logra la nueva capacidad, pero al mismo tiempo sí se ejecuta lo previsto en cuanto al cierre de las tecnologías malditas (carbón, gas y, sobre todo, nuclear), ¿de dónde sacaremos la energía que necesitemos al final de la década?
Los objetivos
El informe de Fedea no es especialmente crítico con la agenda verde del Gobierno. De hecho, el autor comienza celebrando los "ambiciosos" objetivos planteados por Ribera. Eso sí, también se pregunta si son realistas.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la descarbonización y las emisiones. De acuerdo al objetivo común de reducción de emisiones en la Unión Europea, el conjunto de la UE tiene que llegar a 2030 con una emisiones del 45% de las que tenía en 1990 (55% menos); para España, esa cifra es del 68% respecto a la referencia de 1990. ¿Y cómo vamos en ese camino? Pues no muy bien: en 2021 (un año que, además, puede estar influenciado por el efecto Covid) España tenía unas emisiones que suponían un 97,7% respecto a las de 1990. Es decir, tenemos que reducir un 30,4% nuestras emisiones desde ese año 2021 al final de la década. Primer elemento que, así a primera vista ya parece complicado de lograr.
También es verdad que ese 97,7% puede ser engañoso: porque apunta a un estancamiento en la reducción de emisiones que no es tal. La cifra parece muy elevada porque se compara con 1990, como si desde entonces hubiera habido un descenso continuo (en ese caso, la tasa anual de reducción de emisiones sí sería bajísima). Lo que ha pasado, en realidad, es que en España primero vimos un período (más o menos de 1990 a 2008) de fuerte crecimiento de las emisiones, que luego han ido bajando con cierta intensidad desde comienzos de la pasada década. Visto así, ese objetivo de descarbonización, sin ser evidente que se logre, al menos sí puede estar a nuestro alcance.
Como es lógico, ese impulso a la descarbonización está asociado a la instalación de energías renovables. Así, según los planes del Gobierno, las renovables van a pasar de suponer un 21% de la energía que consumimos en 2020 a casi el 48% una década más tarde, incluyendo más de un 80% en generación eléctrica. De nuevo, la magnitud del cambio en tan poco espacio de tiempo da una idea de lo complicado que será lograrlo. De hecho, el informe de Fedea cómo del PNIEC de 2020 al que se presentó el pasado verano ese objetivo de renovables en el total del sistema energético español para 2030 ha pasado del 42% al 48%.
Para hacernos una idea del reto, puede servirnos este cuadro, en el que podemos ver la realidad de potencia instalada en el sistema eléctrico español en octubre de 2023 y el objetivo que se ha fijado el Gobierno para 2030 (en la columna PNIEC 2024). Como vemos, hay que disparar la potencia instalada, especialmente en tres frentes: eólica (hay que duplicar la capacidad en siete años), fotovoltaica (más que triplicarla) y almacenamiento (multiplicarla por seis; o por tres si tenemos en cuenta que parte de la capacidad de las centrales de bombeo ahora está en la fila de la hidráulica).
¿Es factible? Aquí, como siempre, dependerá de los cálculos que cada uno haga. Esto es lo que dice el informe de Fedea en cada caso:
- Eólica: "En los siete años próximos (2024-2030) deben instalarse en España una media de 4,4 GW anuales en capacidad de generación eólica, que es a su vez el doble del máximo de instalación anual en la última década, registrada en 2019 (2,25 GW)"
- Fotovoltaica: "Al final de 2023 podrán estar ya instalados en torno a 30,6 GW de generación fotovoltaica en España: 23,7 GW en centralizada y 6,9 GW en autoconsumo. Por lo tanto, aplicando una simple regla lineal, habría que instalar 6,5 GW de capacidad de generación fotovoltaica (centralizada y distribuida) cada año hasta final de esta década para alcanzar el objetivo incluido en el borrador de actualización del PNIEC. Como referencia, ello supondría instalar de forma sostenida una potencia fotovoltaica similar al excepcional volumen instalado en 2022, que fue del entorno de 7 GW, incluyendo la centralizada y la distribuida".
- Autoconsumo: "[El PNIEC prevé] un aumento muy significativo, pero lo es más aún si se compara con la situación actual. La capacidad actual de centrales de bombeo (mixto y puro) es de 6 GW y no hay potencia instalada en baterías. Por lo tanto, el objetivo del PNIEC-2024 triplicaría la capacidad actual para el final de esta década. El aumento de la capacidad de almacenamiento es imprescindible para el cumplimiento de los objetivos del PNIEC, pero un aumento de esa magnitud en los próximos siete años se antoja de casi imposible cumplimiento".
- Conclusión general: "Solo si se mantuviera el excepcionalmente alto ritmo de entrada de generación fotovoltaica del último bienio podría alcanzarse el objetivo planteado para 2030 en esta tecnología. En el caso de la generación eólica el objetivo se antoja, a tenor de lo observado en los últimos años, de más difícil cumplimiento y requiere un aumento sostenido de los volúmenes de despliegue de los últimos años. A ello podría contribuir el comienzo del despliegue de la eólica marina. Por último, en el caso del almacenamiento, simplemente no ha habido aumentos de capacidad en los últimos años, con lo que la situación no es de continuación o aceleración de una tendencia, sino de un cambio total con respecto a la situación actual. Dicho de un modo más gráfico: no es un problema de aumento del ritmo, simplemente es que no hay ritmo".
¿Y si no?
Como vemos, en todos los casos los objetivos son muy ambiciosos, pero en lo que tiene que ver con el almacenamiento (un aspecto clave, más aún si estás desmontando la principal tecnología de respaldo, que ahora mismo es la nuclear) es casi imposible.
Todo esto deja numerosas incertidumbres sobre la mesa. La primera es, ¿qué pasaría si no lo logras pero sí se cierra la nuclear? ¿Cómo se evitarían los cortes de luz y desabastecimiento? En Alemania, ya saben que la respuesta es difícil de digerir con las lentes de color verde: allí están quemando carbón para complementar a las siempre inestables renovables. En España, hay más posibilidades de que el recurso fuera el gas. En cualquier caso, sería una de esas soluciones un tanto absurdas a las que a veces nos acostumbra la política: el plan de reducción de emisiones se sustenta sobre una tecnología contaminante (entre otras cosas, porque estamos cerrando la alternativa nuclear).
En segundo lugar, la pregunta es sobre el coste. ¿Cuánto va a suponer la factura de multiplicar por dos o por tres el parque renovable español? ¿Y quién lo va a pagar? ¿Las empresas? ¿Los usuarios? ¿El contribuyente? El informe de Fedea alerta en varios apartados sobre un riesgo evidente: por un lado, el incremento de la demanda sobre determinados productos puede disparar su precio (está pasando con algunas materias primas imprescindibles para producir molinos o paneles) y el hecho de que haya más operadores puede reducir la remuneración prevista (ya hay empresas que dicen que no les salen los números con las renovables). Es verdad que hay un aspecto positivo, porque según la tecnología tenga más recorrido, es de esperar que se reduzcan los costes de producción no relacionados con las materias primas (por mejoras en los procesos). Pero, incluso así, el coste de una operación de este tipo será muy elevado y no todo lo va a pagar Bruselas con los fondos europeos, como a veces se insinúa desde el Gobierno.
Por último, la gran pregunta: ¿estamos dispuestos a triplicar el espacio destinado a las energías renovables? Ya ha habido problemas, manifestaciones, protestas... con los proyectos en marcha, especialmente en lo referente a la eólica. Y se supone que hasta ahora hemos usado las mejores localizaciones y los lugares menos problemáticos. Si ahora queremos duplicar las instalaciones eólicas-solares, eso quiere decir muchos más kilómetros de paisaje con molinos o paneles. ¿Dónde? A esa pregunta tampoco suele responder Teresa Ribera cuando plantea sus objetivos verdes. Pero, en realidad, es la más importante de todas.