No por esperable deja de ser injusto. El Tribunal Constitucional (TC) que preside Cándido Conde-Pumpido cumplió el guion establecido tras rechazar el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Impuesto a las Grandes Fortunas, atropellando con ello la escasa autonomía fiscal que tienen las regiones.
Este impuesto, cuyo contenido y estructura es un calco del Impuesto de Patrimonio cedido a las comunidades autónomas, fue creado por el Gobierno de Pedro Sánchez, a petición expresa de ERC y sus socios de Sumar, para castigar a los gobiernos regionales que, en estricto cumplimiento de sus competencias, decidieron eliminar de facto este tributo mediante bonificaciones (de hasta el 100% en el caso de Madrid y Andalucía).
Aunque nació como un impuesto temporal, concebido inicialmente para 2023 y 2024, el Gobierno de PSOE y Sumar pretenden convertirlo en permanente. Afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros y consta de tres tramos: un tipo del 1,7% para patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para patrimonios superiores a 10 millones de euros.
Dicho tributo estatal, básicamente, tan sólo se paga si el contribuyente no tiene que hacer frente al Impuesto de Patrimonio regional. Su implantación afecta sobre todo a Madrid por concentrar las mayores fortunas y tener bonificado al 100% el Impuesto de Patrimonio. Y prueba de ello es que el 90% de lo recaudado en 2023 procede de esta región: 555 millones de euros y 10.302 madrileños afectados.
Tras el fallo del TC, la Comunidad de Madrid ha decidido eliminar parcial y temporalmente la bonificación que venía aplicando en el Impuesto de Patrimonio desde hace 15 años para poder ingresar en las arcas de la región el dinero que, sí o sí, iban a tener pagar las fortunas de más de 3 millones de euros al Gobierno de Sánchez. Pero el dinero que ingrese lo destinará a estudiar nuevas rebajas de impuestos "con el fin de devolver lo recaudado a los ciudadanos madrileños", según anunció ayer la Comunidad.
Así pues, la gran duda que surge ahora es qué va a hacer el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para devolver esa recaudación extra a los contribuyentes. Se trata de una cuantía sustancial, de más de 550 millones al año, al igual que el número de afectados, superior a los 10.000.
En principio, son tres las vías que tiene Madrid para devolver íntegramente esa recaudación extra a los madrileños mediante nuevas rebajas fiscales, según lo anunciado.
Compensación a los afectados
La primera consistiría en tratar de compensar a los contribuyentes damnificados mediante el establecimiento de una nueva deducción autonómica en el IRPF. Las CCAA, que gestionan el 50% del Impuesto sobre la Renta, pueden aplicar deducciones por determinados gastos relacionados con circunstancias personales y familiares, inversiones no empresariales y también por aplicación de renta.
Esta última categoría permitiría aprobar una deducción autonómica en el IRPF por el pago de otro impuesto, como es, en este caso, Patrimonio. El importe de la deducción tendría que aproximarse lo máximo posible al pago del tributo, aplicando como único límite la propia cuota íntegra autonómica de cada contribuyente en el IRPF.
Esto significa que no todos los afectados recuperarían el 100% del dinero abonado, pero sí una parte muy sustancial. En concreto, tan sólo los que hayan generado rentas -procedentes del trabajo, el ahorro o actividades profesionales- lo suficientemente elevadas como para que la deducción aplicada a su cuota en el IRPF sea equiparable al sablazo por Patrimonio. Es decir, un contribuyente que pague 70.000 euros al año por Patrimonio debería ingresar, como mínimo, unos 380.000 euros al año en rentas del trabajo o 600.000 si sólo tiene rentas del ahorro para compensar el pago del impuesto con la citada deducción en el IRPF.
No es algo nuevo. En 2008, el Gobierno de Baleares aprobó una serie de deducciones en el IRPF para compensar parcialmente los pagos realizados en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD).
Nueva rebaja histórica en el IRPF
Una segunda opción podría consistir en aprobar una nueva rebaja histórica en el IRPF. En este caso, los grandes patrimonios contribuirían a financiar reducciones fiscales para el conjunto de los contribuyentes madrileños, de modo que no recuperarían el dinero abonado por Patrimonio, pero, al menos, se beneficiarían con un recorte en el IRPF.
Madrid tiene el IRPF más bajo de España, con un tipo mínimo del 8,5% y un máximo del 20,5% en sus cinco tramos autonómicos. Pero con estos 550 millones extra al año procedentes de Patrimonio, la Comunidad tendría mucho más margen para recortar los tipos e incluso eliminar tramos.
Díaz Ayuso ya aprobó en 2021 una rebaja histórica de 0,5 puntos en todos los tramos autonómicos del IRPF, con un ahorro de más de 300 millones para los contribuyentes, y durante la pasada campaña electoral anunció una rebaja idéntica para la presente legislatura. El hecho de poder contar con más de 500 millones adicionales al año le permitiría intensificar mucho más esta rebaja, haciendo más atractivo el IRPF madrileño.
De este modo, a la rebaja de medio punto ya anunciada, con un ahorro de más de 300 millones al año, se podría añadir ahora un importante recorte adicional de un punto aprovechando los 550 millones de Patrimonio, de modo que la bajada total podría alcanzar hasta el 1,5% en todos los tramos -o concentrar más en algunos-, con un impacto próximo a los 1.000 millones. Incluso existiría la posibilidad de reformar en profundidad el IRPF autonómico, modificando o eliminando tramos, a fin de contar con una tributación más atractiva que la media europea.
Reducción dispersa y gradual
Una tercera opción sería aplicar rebajas de forma gradual y mucho más dispersa mediante nuevas bonificaciones en los grupos 3 y 4 de Sucesiones y Donaciones (hermanos, tíos, sobrinos, primos y otros grados de parentesco), rebajas más tímidas en IRPF e incluso algunos recortes en ITP y AJD. En este caso, el impacto se diluiría y los contribuyentes damnificados por Patrimonio no recuperarían casi nada de lo pagado.
Sea cual sea la fórmula escogida finalmente por el Gobierno de Ayuso, el hecho de destinar la recaudación de Patrimonio a nuevas rebajas fiscales no sólo supone una novedad relevante a nivel tributario, sino que constituye una alternativa diametralmente opuesta a lo que propone la izquierda madrileña, ya que PSOE y Más Madrid quieren aprovechar este dinero para incrementar aún más el gasto público.