Contraofensiva fiscal en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido recuperar el Impuesto de Patrimonio en la región para desactivar el Impuesto a las Grandes Fortunas creado por Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha puesto en marcha este nuevo tributo con el objetivo de aumentar la recaudación en las autonomías que menos gravámenes cobran a sus grandes patrimonios, como Madrid.
Hay que recordar que Patrimonio se encuentra cedido a las CCAA, que son las perceptoras del 100% de la recaudación obtenida y tienen potestad normativa para aprobar tarifas diferentes a la estatal, distintos mínimos exentos o bonificaciones de la cuota. Otro detalle a tener en cuenta es que el Impuesto de Patrimonio es un tributo en desuso en Europa, y España es de los pocos países que lo tienen en vigor.
Un impuesto para neutralizar a Madrid
Sin embargo, desde 2008, la región de Ayuso tiene exento este impuesto. Fue en 2022 cuando otras regiones, como Andalucía, anunciaron la eliminación de este tributo siguiendo la estela de Madrid, lo que desató la ira del Gobierno de PSOE y Podemos.
La fórmula elegida por el Ejecutivo de Sánchez para neutralizar la exención del Impuesto de Patrimonio en las regiones del PP (Galicia o Murcia también lo eliminaron) fue la puesta en marcha del "Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas" (supuestamente "temporal") con el que el Gobierno ha empezado a gravar a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros. Su objetivo era recaudar 1.500 millones de euros al año. Así, la recaudación del "Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas" sería percibida por el Estado y la de Patrimonio se mantendría en las CCAA que lo tuvieran en vigor.
Sin embargo, a pesar de que estamos ante el mayor ataque fiscal de Sánchez a la autonomía de las CCAA, Hacienda no ha logrado embolsarse esos 1.500 millones en 2023. La realidad es que se ha quedado en menos de la mitad: 623 millones de recaudación.
Eso sí, aunque la recaudación de Hacienda por el nuevo tributo no haya cumplido todas las expectativas de María Jesús Montero, su implantación ha golpeado directamente a las rentas altas madrileñas. En total, 10.302 contribuyentes de la región han tenido que pagar al fisco este año un total de 555 millones de euros. Hay que insistir en que hace un año no pagaban nada.
Bajará impuestos con lo que recaude
Ayuso llevó el Impuesto de las Grandes Fortunas de Sánchez ante el Constitucional, pero esta misma semana este organismo rechazaba el recurso de la presidenta madrileña. Después de conocerse la decisión del Constitucional, la Comunidad de Madrid volvía a actuar: recuperaría Patrimonio para evitar que la recaudación pasara al Estado.
La gran incógnita ahora es a dónde irá destinado el dinero que va a empezar a recaudar Madrid con la disminución de la bonificación del Impuesto de Patrimonio, es decir, subiendo este tributo. Tal y como ha asegurado este miércoles el Ejecutivo de Ayuso, el dinero extra que recaude por Patrimonio se destinará "a continuar con bajadas fiscales en la región".
El Ejecutivo madrileño prevé recaudar otros 555 millones este año (es la cifra que recaudó en 2023 con el Impuesto de Sánchez, aunque no se descarta que pueda haber salidas de patrimonios ahora que parece definitivo). Por tanto, el Gobierno regional estudiará "nuevas medidas fiscales para aliviar la carga que recae sobre los ciudadanos". Los detalles sobre cómo se estructurará esta rebaja fiscal todavía no han trascendido, aunque parece que los 555 millones de euros extra que recaude Madrid no serán devueltos a sus dueños (los grandes patrimonios), sino que se destinarán a una rebaja generalizada a los madrileños. "El Ejecutivo autonómico estudiará nuevas rebajas con el fin de devolver lo recaudado a los ciudadanos madrileños" insisten.
Para este año, los Presupuestos de la Comunidad de Madrid contemplan una rebaja de impuestos de 260 millones de euros donde la mayor reducción vía impuestos procederá de la nueva deflactación del IRPF, que ahorrará 153 millones a sus contribuyentes. Devolver los 555 millones de Patrimonio supondría duplicar esa cifra.
Según un informe de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo presentado este miércoles en la reunión del Consejo de Gobierno, este cambio en la normativa de Patrimonio se introducirá mediante una Proposición de Ley ante la Asamblea de Madrid, que ya se ha registrado este martes. La iniciativa parlamentaria –a través del grupo mayoritario de la Cámara legislativa-, modificará la bonificación vigente en el impuesto de Patrimonio para que las personas que tienen que presentar el estatal de Solidaridad lo abonen a través del tributo de gestión autonómica. Se trata de aquellos declarantes con un patrimonio a partir de 3 millones de euros. De igual manera, los contribuyentes a los que no afecte el nuevo impuesto aplicado por el Gobierno de España seguirán sin pagar el de Patrimonio al estar bonificado al 100%.Esta eliminación se prolongará hasta que siga vigente el impuesto de Solidaridad que fue introducido inicialmente por el Gobierno de la Nación con carácter temporal para 2023 y 2024.