El Gobierno de España prosigue en su empeño de impagar las 25 sentencias internacionales que condenan a nuestro país a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables. Esta situación contribuye a exacerbar el problema de inseguridad jurídica y decadencia institucional que sufre nuestro país desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia.
Hace ahora un año, en noviembre de 2022, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) publicó la sentencia del caso Eurus Energy. El proceso se inició en 2016, cuando la compañía nipona se acogió al Tratado de la Carta de la Energía y llevó a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, reclamando una indemnización de 173 millones de euros.
Eurus Energy es una empresa filial del Grupo Toyota. Acogiéndose a las primas renovables, puso en marcha un total de 21 instalaciones de energía limpia en nuestro país. Hablamos, pues, de una compañía de gran perfil en el campo industrial, puesto que Toyota es uno de los mayores fabricantes automovilísticos del mundo y Eurus Energy ha realizado importantes inversiones en nuestro país.
El laudo emitido por el CIADI, del que ya informó en su momento Libre Mercado, condenó a España al pago de una indemnización valorada en 106 millones de euros. A esta cifra hay que sumarle los intereses de demora acumulados desde la publicación del laudo, que el pasado mes de abril ascendían a 2,9 millones de euros. Además, el proceso se saldó con una condena en costas que obliga a España a pagar otros 4,1 millones de euros (4,4 millones de dólares) a la empresa japonesa. Por lo tanto, habida cuenta de la acumulación de más intereses de demora, las obligaciones del caso se sitúan ya en el entorno de los 115 millones de euros.
Este mismo mes de noviembre, nuestro país ha formalizado el proceso mediante el que pretende anular el laudo del caso Eurus. De esta forma, se pone en marcha la enésima estrategia legal con la que el gobierno de España pretende desgastar a los acreedores a base de seguir dilatando los plazos y continuar aumentando los desembolsos legales asociados a este tipo de litigios.
El comité que resolverá la petición de anulación está presidido por el jurista belga Bernard Hanotiau. Completan el tribunal la experta franco-panameña Katherine González Arrocha y la neozelandesa Penelope Ridings. Los abogados de las compañías afectadas por los impagos explican a Libre Mercado que los anteriores intentos de España de anular sentencias firmes del CIADI han sido infructuosos, pero han contribuido a agravar la situación de los denunciantes a base de extender la duración de los procesos y requerir más gastos en concepto de abogados y asesores.
Una deuda de 1.450 millones
Las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables acumulan una deuda de 1.200 millones, cifra a la que hay que sumar un sobrecoste de 250 millones derivado de los intereses de demora, las condenas en costas y la contratación de abogados y consultores.
Las compañías golpeadas por esta situación de inseguridad jurídica han puesto en marcha distintos procedimientos orientados a forzar el cumplimiento efectivo de las sentencias. En este sentido, la justicia británica y australiana ha reconocido a España como país incumplidor, abriendo la puerta al embargo de bienes y activos soberanos del Reino en el extranjero. Asimismo, se han intervenido cuatro títulos de deuda pública española que han sido declarados en situación de default técnico, con el efecto que esto tiene en términos de encarecimiento de la financiación del Tesoro.
Esta situación de inseguridad jurídica coloca a España a la altura de Venezuela, Rusia o Argentina y supone un lastre para la captación de inversión extranjera, que se ha desplomado un 75% en el segundo trimestre de 2023, coincidiendo con la declaración de default técnico y el anuncio de los primeros embargos cautelares de bienes españoles en Reino Unido. Todo a pesar de que desembolsar los 1.450 millones adeudados supone apenas el 0,1% del PIB o el 0,2% del gasto público de un año dado, de modo que el Gobierno de España puede cumplir sus obligaciones y poner fin al bochorno sin que ello suponga un gran coste económico.