Menú

Toyota, la última empresa afectada por los impagos de Sánchez a las renovables

A la indemnización pendiente hay que sumarle la condena en costas y los intereses de demora.

A la indemnización pendiente hay que sumarle la condena en costas y los intereses de demora.
España debe 106 millones la filial energética de Toyota. | Cordon Press

En noviembre del pasado año 2022 se resolvió el litigio que enfrenta a la japonesa Eurus Energy, filial energética del gigante industrial Toyota, con el Reino de España. Ante la retirada retroactiva de las primas a las renovables, la compañía nipona invocó el Tratado de la Carta de la Energía y acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, en busca de una solución.

El proceso arrancó en 2016, cuando Eurus Energy puso en marcha el litigio, argumentando que había sufrido una "expropiación indirecta" en el marco de un "trato injusto" y una situación de "inseguridad jurídica". La compañía, que reclutó al bufete británico Freshfields Bruckhaus Deringer para gestionar el proceso, reclamaba a nuestro país una indemnización de 179,1 millones de euros.

La presencia de Eurus Energy en España no era menor. Al calor de las primas concedidas a las energías renovables, la compañía puso en marcha una docena de parques eólicos en Galicia y otras tres explotaciones más en Asturias. Ante los cambios fiscales y regulatorios que sufrieron los inversores entre los años 2010 y 2014, la filial de Toyota movió ficha y denunció a España ante los tribunales internacionales.

Tras un largo proceso que ha durado casi seis años, el CIADI ha condenado a España a pagar una indemnización de 106,2 millones de euros. Sin embargo, el gobierno de España no ha resarcido aún estas obligaciones, en línea con los impagos generalizados de estas sentencias por parte del gobierno de España.

De modo que Toyota está en la misma situación que otros 23 inversores a los que ya se les ha dado la razón pero no han podido cobrar los pagos decretados por los tribunales internacionales. Cabe señalar, además, que la condena sufrida por España en este caso particular incluye la obligación de desembolsar a la empresa nipona otros 4,4 millones de dólares en concepto de costas judiciales, amén de 2,9 millones en concepto de intereses de demora. En total, alrededor de 115 millones de euros.

Temas

En Libre Mercado

    0
    comentarios