En 2018, Ada Colau anunció que obligaría a los promotores inmobiliarios a destinar el 30% de los pisos que construyan en Barcelona al programa de vivienda social del Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Esta medida fue presentada como una ‘solución mágica’ por la entonces responsable de la corporación catalana, quien defendió esta medida con ahínco, afirmando que "el 30% no puede esperar más".
Cinco años después, los resultados de la norma anunciada por Colau no pueden ser más decepcionantes. La ex alcaldesa comunista y su equipo comunicaron que esta apuesta generaría 300 nuevas viviendas de protección social por año, de modo que el periodo 2019-2023 debería haberse zanjado con la incorporación de 1.500 pisos para este tipo de programa social.
Sin embargo, tal y como advirtió Libre Mercado, los cálculos de Colau no tomaron en cuenta el espanto que causó la norma municipal entre los promotores de vivienda. Para burlar su efecto, las empresas del sector presentaron inicialmente un alud de solicitudes de licencias a lo largo del periodo de interinidad comprendido entre el anuncio de Colau y la entrada en vigor de la norma del 30%. Una vez la restricción pasó a tener pleno efecto, la actividad constructiva se frenó en seco.
Así, a lo largo de los cinco últimos años, solamente catorce empresarios han puesto en marcha algún tipo de promoción de obra nueva sujeta a la regla del 30%. De esos catorce edificios, hay dos que están terminados y cinco que siguen en obras, mientras que en el resto de las actuaciones no se ha puesto ni una piedra o, peor aún, el promotor ha renunciado por completo a desarrollar el proyecto.
¿Qué significa todo esto en la práctica? Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Barcelona, solamente se han acabado ocho pisos sociales, cifra que apenas podrá subir a sesenta y cuatro pisos cuando se completen las actuaciones en marcha. Si se comparan estos números con las promesas de Colau, encontramos que el número de pisos acabados supone apenas el 0,5% de la cifra esperada, mientras que las sesenta y cuatro viviendas que podrían ser una realidad en los próximos años supondrían apenas un 4,2% del total anunciado por la ex regidora.
La reserva del 30% no solamente tiene el sello de Colau, sino que también fue aprobada con los votos a favor del PSC, ERC y dos concejales no adscritos. A lo largo de 2024, el actual alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, ha reconocido que la norma "no funciona" pero ha comunicado que la posible reforma de la norma podría consistir en hacer que los promotores paguen al consistorio el valor del 30% de los pisos sociales para que se construyan en otro punto de la ciudad y/o se puedan concentrar en un solo edificio.
De igual modo, Collboni ha nombrado como encargada de diseñar la nueva política municipal de vivienda a Carme Trilla, que ocupó cargos de responsabilidad política en el gobierno tripartito catalán conformado de 2003 a 2006 por PSC, ERC e ICV. Trilla también fue directora del Observatorio Metropolitano de la Vivienda impulsado por Ada Colau.
El periplo de gobierno de Ada Colau ha sido nefasto para el mercado de la vivienda en Barcelona. Las cifras revelan que la oferta de vivienda en alquiler ha bajado un 50% en sus ocho años como alcaldesa, mientras que los visados de obra nueva han caído un 40% y los precios se han disparado un 20%. Todo a pesar de que Colau llegó al poder haciendo de la "vivienda asequible" su principal promesa electoral.
En paralelo, el cobijo que prestó Colau desde el consistorio barcelonés a los colectivos del movimiento okupa ha sido tan generoso que, según los datos oficiales, casi cuatro de cada diez usurpaciones de vivienda registradas en todo el territorio nacional ocurren en la Ciudad Condal.