Ada Colau llegó al gobierno municipal de Barcelona prometiendo un vuelco en la política de vivienda de la corporación. Durante años, la todavía regidora de la Ciudad Condal militó en las filas de colectivos de izquierda radical como la Plataforma Antidesahucios e insistió en la importancia de desarrollar todo tipo de medidas de intervención en el ámbito inmobiliario.
Con su llegada al gobierno, Colau ha tenido la oportunidad de poner en práctica sus ideas. Lamentablemente para los barceloneses, el resultado ha sido un desplome de la oferta de vivienda en alquiler y un fuerte aumento de los precios que pagan los inquilinos. De hecho, entre 2019 y 2023, el descenso en el número de pisos que se pueden alquilar en Barcelona ha sido superior al 50%.
Estos datos, facilitados por el portal Idealista, son solamente la punta del iceberg de una nefasta gestión llena de promesas incumplidas y decisiones contraproducentes. Un ejemplo notorio es su promesa de elevar significativamente el parque de "alquiler social". Desde el año 2015, Colau solamente ha sacado adelante 11.500 viviendas de estas características, que representan poco más del 1% de los casi 800.000 pisos existentes en la ciudad.
Es importante señalar que Colau ha incorporado muchos de estos pisos al parque municipal de vivienda a base de realizar fortísimos gastos dedicados a comprar pisos del sector privado. Estas operaciones se han llevado 150 millones del presupuesto municipal y han supuesto un desembolso medio de 160.000 euros por vivienda, con picos de hasta 450.000 euros por piso.
Colau también anunció que aplicaría un porcentaje de reserva del 30% en las nuevas promociones de vivienda de más de 600 metros cuadrados de superficie. En 2019, la alcaldesa comunista elevó este ratio hasta el 40%. Sin embargo, lejos de tener el efecto deseado, esta decisión de la corporación ha tenido el efecto de reducir un 38% el número de visados de obra nueva concedidos en la Ciudad Condal. Ante la obligación de dedicar 4 de cada 10 pisos construidos a este tipo de programa, los promotores han abandonado los proyectos.
Como era de esperar, estas circunstancias han afectado negativamente al precio que pagan los inquilinos barceloneses. De hecho, según el último dato publicado por Idealista, el coste mensual de arrendar un piso en la capital de la autonomía catalana ha subido casi un 20% durante el último año (para ser precisos, se incrementa un 19% entre los meses de abril de 2022 y 2023). De hecho, el precio medio por metro cuadrado se sitúa en máximos históricos.
De modo que la brecha entre la retórica y los resultados no puede ser más acusada y, lejos de haber propiciado un cambio a mejor en el mercado de la vivienda, lo único que parece haber conseguido Ada Colau es un desplome de la oferta y un repunte de los precios, en línea con una intensa caída de las promociones de obra nueva y un gasto millonario en operaciones de compra de vivienda privada. Y, por el camino, Colau deja también un reguero de inseguridad jurídica, a raíz de su decisión de expropiar viviendas, perseguir los pisos de alquiler turístico desoyendo sentencias judiciales o proteger a los okupas.