El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron este martes un acuerdo político provisional sobre la revisión de la directiva sobre emisiones industriales que afectará a las granjas medianas de cerdos y pollos, a las que se les obligará a reducir sus emisiones. El acuerdo todavía está pendiente de validación formal por parte del Consejo y el pleno de la Eurocámara.
Estas explotaciones sometidas a la directiva sobre emisiones industriales, tienen que obtener un permiso concedido por el Gobierno de España en el que se marcan los valores límite de emisión además de otros requisitos obligatorios en materia de inspecciones medioambientales.
De este modo, la directiva de emisiones industriales se amplía y abarcará a más explotaciones porcinas, concretamente a las de más de 350 unidades de ganado (UGM), lo que equivale aproximadamente a unos 1.200 cerdos. Hasta ahora se aplicaba sólo a las explotaciones porcinas con más de 2.000 cerdos. Quedan excluidas las explotaciones extensivas o ecológicas.
Es decir, si finalmente se aprueba esta modificación, muchas granjas de porcino del tipo 2 (entre 120 y 480 UGM) tendrán que someterse a la directiva. Según el resumen trimestral indicadores porcino del tercer trimestre de 2023 publicado por el Ministerio de Agricultura, actualmente en nuestro país hay 10.098 granjas de porcino de tipo 2 (21% del total) y unas 2.365 de tipo 3 (entre 480 y 720 UGM), lo que supone un 4,9% del total de explotaciones de porcino.
Para las aves de corral, la directiva se aplicaría a las granjas con gallinas ponedoras con más de 300 UGM (21.500 gallinas) y a granjas con pollos de engorde con más de 280 UGM (40.000 pollos). Para las granjas que crían tanto cerdos como aves de corral, el límite será de 380 UGM.
Cabe destacar que la Comisión propuso inicialmente un umbral de 150 UGM para todo el ganado, incluido el vacuno. Sin embargo, en el acuerdo provisional las granjas de vacuno quedarán exentas de cumplir la directiva sobre emisiones industriales.
Las empresas que incumplan "pueden afrontar sanciones de al menos el 3% del volumen de negocios anual del operador en la UE por las infracciones más graves", según ha explicado el Parlamento Europeo en su comunicado. Además, los Estados miembros tendrán que dar a los ciudadanos afectados por el incumplimiento de esta norma el derecho a reclamar una indemnización por daños a su salud.