Choque frontal entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz por el subsidio del paro. Se trata del primer desacuerdo económico que se sucede en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez y uno de los más graves que protagonizan Economía y Trabajo desde 2020.
El desencadenante de este enfrentamiento es la aprobación de la reforma del nivel asistencial del desempleo que ambos departamentos llevan más de un año negociando para enviar a Bruselas. Es decir, engloba todo lo relativo a los subsidios que perciben los parados cuando han agotado la prestación contributiva. Estamos hablando de 710.662 personas en España.
Esta reforma entraría dentro del Componente 23 del Plan de Recuperación comprometido con la Comisión Europea a cambio de otro tramo de los fondos y el Gobierno todavía no ha enviado a Bruselas los detalles definitivos. La colisión surge porque tanto Economía como Trabajo se atribuyen competencias en su aprobación.
La polémica salía a la luz esta semana, con unas declaraciones del número dos de Calviño explicando en qué consistían algunas de las propuestas de su equipo sobre este asunto. Sin embargo, desde hacía tiempo, las discrepancias entre Economía y Trabajo por los subsidios eran evidentes, sobre todo, tras la filtración a la prensa del último borrador elaborado por el departamento de Nadia Calviño. Fuentes del departamento de Trabajo aseguran a Libre Mercado que la filtración proviene del departamento de la socialista.
Guerra abierta
Tras estos dos sucesos, Yolanda Díaz aseguró abiertamente esta semana que lo que Calviño había puesto encima de la mesa eran "recortes" en el subsidio, algo que no piensa tolerar. Desde el departamento de la líder de Sumar explican que esos "recortes" consisten en varios puntos:
- Reducir la cuantía del subsidio: actualmente el subsidio del paro es de 480 euros al mes (80% del IPREM). Calviño quiere que los parados cobren una cuantía mayor al principio y menor al final para incentivar la vuelta del parado al mercado laboral. Según los cálculos de Trabajo, con esta fórmula, si el parado no vuelve a trabajar durante todo el proceso, habría cobrado 440 euros al mes. Es decir, menos dinero que con el modelo actual.
- Cobrar durante menos tiempo: Calviño planteó reducir de 30 meses a 12 meses el límite para cobrar el subsidio, y cuando esto acabe, pasar a cobrar el IMV. Díaz se niega.
- Demostrar que se busca empleo: el departamento de Yolanda Díaz considera que sería un caos burocrático y una especie de ofensa a los parados la idea de Economía de obligar a más de un millón de parados a demostrar cada mes y físicamente en las oficinas del SEPE que están en búsqueda activa de empleo.
- ¿Más penalizaciones al que rechace una oferta de empleo?: aunque no mencionó específicamente a la posibilidad de retirar el paro a los que rechacen una oferta de empleo, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, puso esta semana en la diana (algo poco habitual entre los políticos) a las obligaciones que tienen los parados que cobran prestaciones, lo que indignó a Trabajo, que cree que con estas ideas se criminaliza a los desempleados o se da una imagen de que no quieren trabajar, según admiten las mismas fuentes.
Cabe recordar que, a día de hoy, que un parado pueda perder la prestación de empleo por negarse a trabajar en la oferta que le llega de los servicios de empleo no es nada nuevo. Actualmente, el SEPE ya lo contempla como "infracción grave":
Es una infracción grave: rechazar una oferta de empleo adecuada, tanto si es ofrecida por los servicios públicos de empleo, como por las agencias de colocación (cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos), salvo causa justificada.
Así, si esto ocurre, el parado en cuestión se enfrentaría a la retirada de la prestación durante tres meses la primera vez, durante seis meses la segunda o a la extinción total durante la tercera. Sin embargo, la realidad es bien distinta porque esto solo ocurre en la teoría. En la práctica es muy difícil que los servicios de empleo retiren a los parados las prestaciones por este motivo. De hecho, en el Ministerio de Trabajo aseguran que no tienen datos sobre cuántas suspensiones de paro se producen por esta razón y aseguran que la mayoría se aplican a desempleados a los que se le olvida renovar el paro.
Órdago de Yolanda Díaz
Ahora, Yolanda Díaz mueve ficha. A la líder de Sumar le han entrado las prisas por ser ella la que apruebe el plan y, ayer jueves, fuentes de su ministerio desgranaron qué es lo que piensan aprobar en Consejo de Ministros para enviar a Bruselas sin el beneplácito de Calviño.
En concreto, muchos de los planes de Díaz van por el lado completamente contrario al de su compañera socialista. Tanto es así, que los puntos fuertes de la propuesta de la líder de Sumar se basan en un mayor subsidio del paro y un aumento del número de beneficiados.
- Mayores cuantías: Trabajo quiere que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción. No han evaluado el aumento del coste de la medida, aunque admiten que será mayor.
- Tiempo de duración: se pueden cobrar estos subsidios durante 30 meses, como hasta ahora, aunque Trabajo elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata.
- Más beneficiados: a los actuales 710.662 beneficiados por este subsidio Trabajo añadirá a todos los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000 más) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000 extra), lo que dispararía el número de beneficiados.
- Cobrar el paro mientras se trabaja: Trabajo permitirá compatibilizar el cobro del 100% del subsidio con un empleo durante los primeros 45 días. Parece que aquí sí estaría a favor Economía.
Fuentes del Ministerio de Trabajo advierten a Calviño de que su departamento tiene capacidad de negociar directamente con los hombres de negro europeos sin su permiso, así como del poder de bloquear cualquier ley del ámbito laboral que intente llevar a cavo Economía. La guerra está servida ¿De lado de quién está Sánchez?