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Primer desacuerdo económico en el nuevo Gobierno de Sánchez: Yolanda Díaz y Calviño chocan por los subsidios del paro

La ministra de Trabajo ha visto amenazadas sus competencias y asegura que Calviño está preparando "recortes" en el paro.

La ministra de Trabajo ha visto amenazadas sus competencias y asegura que Calviño está preparando "recortes" en el paro.
Yolanda Díaz y Nadia Calviño | Archivo

Primer desacuerdo económico en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, colisionan por el subsidio del paro.

La polémica comenzó con unas declaraciones del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, el pasado lunes. El número dos de Calviño avanzaba que el Gobierno se ha propuesto aprobar "en las próximas semanas" la reforma del nivel asistencial del desempleo, es decir, de los subsidios que perciben los parados cuando han agotado la prestación contributiva. Desde hacía tiempo, se habían producido numerosas discrepancias entre Economía y Trabajo por este asunto, sobre todo, con el último borrador del departamento de Nadia Calviño.

Según las propias estadísticas del Sepe, de los más de 1,73 millones de parados que cobraron alguna prestación por desempleo el pasado mes de octubre, un total de 710.662 personas estaban dentro de ese programa asistencial (casi el mismo número que los parados que cobraron un subsidio por haber cotizado previamente).

Pues bien, la reforma del nivel asistencial del desempleo está incluida en el Componente 23 del Plan de Recuperación comprometido con la Comisión Europea, aunque el Gobierno todavía no ha enviado a Bruselas los detalles definitivos. "Llevamos un año trabajando en esto con Seguridad Social y Trabajo, y lo enviaremos cuanto antes" aseguran fuentes de Economía a Libre Mercado.

"Es el momento de hacer esta reforma, incentivar la reincorporación y aprovechar las oportunidades. Es fundamental que la reforma se centre en potenciar que todos los desempleados pasen por el SEPE para que el apoyo que hace la Administración para formarlos, para darles un itinerario personalizado y para facilitar su inserción en el mercado de trabajo, tenga reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas de trabajo. Esa es una pieza que falta" señaló García Andrés poniendo entonces en la diana (algo poco habitual entre los políticos) a las obligaciones que tienen en nuestro país los parados que cobran prestaciones. "Hay que orientar la reforma de los subsidios a la incorporación de los trabajadores al mercado laboral" insistió.

¿Les van a quitar la prestación a los parados?

Con esas declaraciones, se deslizaba que lo que estaba planeando el número dos de Calviño era penalizar con alguna fórmula nueva el rechazo de las ofertas de empleo por parte de los parados. De hecho, hasta el diario Expansión llegó a titular esta semana: "Los parados que rechacen ofertas de trabajo no cobrarán subsidio de desempleo" ¿Era eso lo que pretende realmente economía? ¿Está incluido así en el borrador?

Hay que aclarar que el secretario de Estado de Economía específicamente no habló de que fueran a introducir ninguna penalización extra para los desempleados que se niegan a aceptar las ofertas del SEPE. Eso sí, llevar a cabo esta idea sería una medida totalmente lógica en un país que tiene unos 3 millones de parados oficiales y donde las empresas denuncian que hay 150.000 vacantes sin cubrir. Sin embargo, no sería de esperar en un gobierno de izquierdas.

El SEPE ya contempla quitar el paro

Sin embargo, que un parado pueda perder la prestación de empleo por negarse a trabajar no es nada nuevo en la teoría. Actualmente, el SEPE ya contempla como "infracción grave", entre otros supuestos, lo siguiente:

Es una infracción grave: rechazar una oferta de empleo adecuada, tanto si es ofrecida por los servicios públicos de empleo, como por las agencias de colocación (cuando estas desarrollen actividades en el ámbito de la colaboración con aquellos), salvo causa justificada.

Así, si esto ocurre, el parado en cuestión se enfrentaría a la retirada de la prestación durante tres meses la primera vez, durante seis meses la segunda o a la extinción total durante la tercera. Sin embargo, la realidad es bien distinta porque esto solo ocurre en la teoría. En la práctica es muy difícil que los servicios de empleo le retiren a los parados las prestaciones por este motivo: ya sea porque las ofertas "adecuadas" nunca llegan o porque es fácil que los beneficiarios justifiquen el rechazo. Esto no es más que otra prueba de que la intermediación estatal ha cosechado unos resultados nefastos para colocar a los parados en el mercado laboral. En el Ministerio de Trabajo no han facilitado a este periódico los datos de cuántas prestaciones de empleo se retiran en nuestro país por este motivo.

Fuentes del Ministerio de Economía niegan que entre sus planes esté la intención de quitar la prestación a los parados que no quieran volver a trabajar, y se escudan en que "la Ley de Empleo y el SEPE ya contemplan retirar la prestación de empleo si no se cumplen determinadas casuísticas. No vamos a hacer nada nuevo. Lo que nosotros queremos hacer es potenciar la búsqueda activa de empleo y dar incentivos al trabajo" señalan. Bien es cierto que, si se produjera un aumento de las ofertas de empleo que les llegan a los parados con la nueva reforma, como parece que quieren pretender, a estos desempleados no les quedará más remedio que aceptar el trabajo o perderían el subsidio. Por tanto, en este caso, sí podría aumentar la retirada de los subsidios, aunque sólo si consiguen mejorar la empleabilidad del SEPE. Una difícil tarea

El enfado de Yolanda Díaz

A pesar de las matizaciones del Ministerio de Nadia Calviño, el enfado de Yolanda Díaz ha sido mayúsculo porque ella sí tiene el borrador que ha preparado su compañera de gobierno y asegura que Calviño está preparando "recortes" en las prestaciones. Además, con las declaraciones del secretario de Estado de Economía, la ministra de Trabajo ha visto invadidas sus competencias.

"La reforma que plantea el Ministerio de Trabajo va en dirección contraria de quienes plantean recortes", señalan fuentes del Ministerio de Trabajo en un claro recado a su compañera de gobierno. "Permitirá simplificar el acceso a los subsidios, eliminando por ejemplo el mes de espera y compatibilizando la ayuda con la incorporación al trabajo durante el primer mes. También ampliará la cobertura a colectivos como el de 45 años sin cargas familiares que hasta ahora carecían de protección. Las revisiones pasarán a ser, además, trimestrales" explican. La propia Yolanda Díaz volvía a desmentir la mayor en su cuenta de Twitter: la prioridad de su ministerio no es incentivar la vuelta de los parados al trabajo, sino que la subvención que reciben no mengue.

El número dos de Economía también quiso referirse a las bondades del Ingreso Mínimo Vital, lo que implicaría que los subsidios asistenciales del paro dejarían de tener sentido. "Hace años, con unas tasas de paro elevadas y sin elementos de protección del IMV, el sistema de subsidios incorporó elementos de protección que ahora, con el mercado de trabajo que tenemos, afortunadamente tenemos cubierto con el IMV, y tenemos una situación que está haciendo que haya escasez en determinados sectores y, por tanto, es el momento de hacer esta reforma que permita activar e incorporar al mercado de trabajo a estas personas que están percibiendo un subsidio" explicó.

Sin embargo, en el departamento de Díaz contestan que "hay que recordar que estos subsidios son el último recurso de muchas personas trabajadoras cuando no tienen acceso a las prestaciones contributivas y que, por tanto, viven un momento laboral extremadamente delicado" y aseguran que "en torno al 80% de las perceptoras y perceptores no llegan a agotar el subsidio". El Ministerio de Trabajo "continúa apostando por ampliar derechos dejando atrás los recortes, como ha ocurrido, desde el principio de este año, al aumentar al 60% de la base reguladora de las prestaciones por desempleo a partir de los primeros 180 días" añaden.

Ante esta polémica, Yolanda Díaz mueve ficha. Así, a la líder de Sumar le han entrado las prisas por ser ella la que apruebe el plan: "El Ministerio ha ultimado un borrador que intentará llevar al consejo de ministro lo antes posible" ¿Cómo se lo tomará Nadia Calviño?

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