El partido de Yolanda Díaz quiere acabar con cualquier capacidad de decisión y gestión independiente de servicios profesionales, cobertura social o pensiones. Ha declarado ya la guerra a las mutuas de los funcionarios (Muface, Mugeju e Isfas). Pretende eliminar ese servicio privado social y llevárselo a la gestión pública, lo que elimina la posibilidad de elección, por ejemplo, de la asistencia sanitaria de los empleados públicos. Y ahora se lanza con una anticipadora proposición no de ley que recoge un plan para intentar vaciar la mutualidad de los abogados y procuradores. Ha empezado el ataque a los servicios privados sociales.
El Grupo Parlamentario Sumar acaba de presentar su proposición no de ley relativa a la "protección social de la abogacía y la procuraduría". Allí hace una curiosa descripción de la cobertura social de los abogados a través de su historia señalando que "hasta el año 1995 la protección social de la abogacía y de la procura se prestaba a través de la Mutualidad de la Abogacía y de la Mutualidad de Procuradores, entidades sin ánimo de lucro, creadas por sus respectivos colegios profesionales en 1948, de adscripción obligatoria para el ejercicio profesional, sin posibilidad de acogerse a otro sistema de protección social y que, fundamentalmente, cubría la prestación por jubilación".
Pero que "la ausencia de, por ejemplo, asistencia sanitaria exigía la contratación de esta prestación básica con otra entidad. Este sistema de protección social era obligatorio para quien pretendiese ejercer la abogacía o la procura, sin alternativa alguna".
Sumar expone que "en 1995 se introduce la alternatividad, esto es, la posibilidad de que la protección social se realizase con la mutualidad o mediante la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La mutualidad deja de ser obligatoria pasando a ser un sistema opcional al sistema público de la Seguridad Social", pero que "la estrecha relación entre las mutualidades y los Colegios profesionales de la Abogacía y de Procuradores (fundadores de la entidad)" hacía que, desde estas entidades, "se fomentase entre los nuevos ejercientes la opción por la entidad corporativa (Mutualidad de la Abogacía. Mutualidad de Procuradores, Altermutua)".
La descripción avanza y señala que "en el año 2005 se produce un cambio radical en el sistema de protección social alternativo al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, pasando de sistema de capitalización colectiva (solidaridad intergeneracional) al de capitalización individual. La pensión de jubilación de cada mutualista pasa a depender única y exclusivamente de sus aportaciones". Y eso a Sumar no le gusta nada.
"Las reformas introducidas, tanto la alternatividad como la modificación del sistema de protección a capitalización individual y devengo de la prestación económica de jubilación, provocaron una importante variación en las cuantías de las prestaciones esperables sin que, en muchos casos, existiese opción real de cambio", asegura.
"En el caso de optar por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, luego de una larga carrera de cotización/aportación en la Mutualidad, no se permitía por esta el rescate de las aportaciones realizadas, ni siquiera para destinarlas al sistema de protección social alternativo (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), como tampoco el tiempo se computaba a efectos del devengo de la prestación de jubilación en el sistema público".
Con todo ello, según la versión de Sumar, ha llegado la hora de reformar el sistema por la "falta de transparencia, informaciones inexactas sobre las previsiones de la cuantía de las pensiones de jubilación y, asimismo, deficiencias en la gestión de las mutualidades". Y es que el partido de Yolanda Díaz considera que todo ello "está impidiendo la jubilación de profesionales de la abogacía y de la procura que ven, tras una larga carrera de cotización, como su pensión es inferior a una pensión no contributiva, por lo que cumplida la edad legal ven imposibilitada la jubilación". Un ataque en toda regla.
Yolanda quiere pasar a gestionar desde el Gobierno esas aportaciones. Y, por ello, pretende que el Gobierno realice "las actuaciones y modificaciones necesarias, en relación con las y los profesionales de la abogacía y la procuraduría que tienen contratado con las Mutualidades de la Abogacía y de la Procuraduría el sistema de protección social alternativo al RETA o que lo han tenido para: Permitir la posibilidad voluntaria de trasladar al RETA las cantidades cotizadas a la Mutualidad profesional, computándose a los efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida, en todo caso previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los períodos cotizados y respeto de los mutualistas pasivos aplicar complementos a mínimos de sus pensiones hasta alcanzar el importe de la pensión mínima".
Y, entre otras cosas, "b) Evitar la equiparación fiscal de las cotizaciones/aportaciones realizadas a las Mutualidades en el sistema alternativo al RETA, con un plan de pensiones/ahorro complementario" y "c) Mejorar las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procuraduría". Ha empezado el ataque a las mutuas.