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Sánchez quiere limitar la autonomía madrileña mientras impulsa al separatismo catalán para "construir el estado social"

La fiesta jurídica empieza cuando lo importante para el equipo de Sánchez es lo "social" y ellos son los "sociales", con prioridad frente al resto.

La fiesta jurídica empieza cuando lo importante para el equipo de Sánchez es lo "social" y ellos son los "sociales", con prioridad frente al resto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su llegada al acto de homenaje a la Constitución | Europa Press

Pedro Sánchez trabaja ya en la Constitución a su medida. Y pretende usar esta tesis en su ataque a la Comunidad de Madrid. La argumentación jurídica defendida por su equipo en las últimas reuniones mantenidas en Moncloa resulta cuando menos imaginativa. Pedro Sánchez puede regalar el mayor avance hacia el separatismo a Junts, Bildu o ERC porque "contribuye a la conciliación y la creación de un estado social y democrático". Pero no puede aceptar que Madrid baje impuestos porque, según él, no contribuye a crear un "estado social y democrático basado en la igualdad".

De hecho, puede cargarse la igualdad ante la ley porque, según los socialistas, sí ayuda a crear el "estado social". Pero no puede permitir que Madrid tenga el mismo tren de cercanías que Cataluña" porque el proyecto de Díaz Ayuso no es "social", es para "ricos".

Puede parecer una parodia. El pequeño problema es que es la realidad y con tendencia clara a empeorar. El Gobierno de Pedro Sánchez, con el apoyo incondicional de sus socios proetarras, golpistas, comunistas y separatistas, se encuentra ya en plena ofensiva contra la Comunidad de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso. Si la pasada legislatura, tal y amenazó Moncloa, culminó con la aplicación de un Impuesto de Patrimonio a nivel estatal para anular la bonificación del 100% que aplicaba esta región desde hacía 15 años, el PSOE quiere ahora todo su arsenal contra las finanzas madrileñas.

Y el argumento es esotérico: si los separatistas vascos o catalanes piden más inversiones, la voladura del artículo 14 de la Constitución -igualdad ante la ley-, perseguir a los jueces por aplicar la ley, quitarles el delito de malversación o salirse del sistema de solidaridad interterritorial, todo es admisible. Porque, según el equipo jurídico de Sánchez, se hace en aplicación del artículo 1 de la propia Constitución. ¿Y qué dice ese artículo? Pues lo siguiente: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".

Y, a partir de ahí empieza la fiesta jurídica. Para los equipos de Sánchez lo importante es lo "social" y ellos son los "sociales", con lo que, básicamente, tienen prioridad frente a todo el resto. Así, la igualdad suya no es la del artículo 14 -ante la ley-, no, es la de unos supuestos resultados, como defiende Sumar. Pero, además, si se premia a la Generalidad catalana, que lidera una comunidad con más ingresos, no pasa nada porque en su caso es para "reconciliar" y mantener el "buen clima democrático".

Es más, si la igualdad reclamada es de infraestructuras, da igual que los trenes de cercanía en Madrid -competencia nacional- sean un desastre o que la alta velocidad de Extremadura o Castilla La Mancha no exista en realidad. Porque lo importante es "zanjar un conflicto". Siempre el catalán. bPorque lo importante son los mayores ingresos de Madrid, no lo de Cataluña. Porque Madrid no es "social" y Cataluña sí, porque son sus socios.

El argumento no tiene un pase jurídico pero se está usando. Y, en base a ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha permitido ya acusar al Gobierno de Ayuso de reivindicar una especie de "nacionalismo madrileño […] al grito de Cataluña nos roba o el País Vasco nos roba".

Con semejante argumento, de hecho, se pretende lanzar la mal llamada "armonización fiscal", que no es otra cosa que imponer por la fuerza un socialismo fiscal obligatorio a las CCAA que rebajen los impuestos que tienen cedidos. Patrimonio es sólo el principio, tras la luz verde otorgada por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.

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