Por tierra, mar y aire. Todo apunta a que el Gobierno de Pedro Sánchez, con el apoyo inestimable de sus socios separatistas, va a redoblar la ofensiva contra la Comunidad de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso. Si la pasada legislatura, tal y como venía amenazando Moncloa, culminó con la aplicación de un Impuesto de Patrimonio a nivel estatal para anular la bonificación del 100% que aplicaba esta región desde hace 15 años, el PSOE está ahora dispuesto a usar todo su arsenal contra las finanzas madrileñas.
Y prueba de ello es que las críticas contra esta autonomía, lejos de frenarse, se recrudecen. Basta observar el tono empleado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para constatar que la guerra declarada por Moncloa ya es total, tras acusar al Gobierno de Ayuso de reivindicar una especie de "nacionalismo madrileño […] al grito de Cataluña nos roba o el País Vasco nos roba".
El mundo al revés. Y es que, mientras Sánchez concede todo y más al separatismo catalán y vasco para mantenerse en el poder, no deja de atacar a Madrid por varios frentes, tanto a nivel fiscal como financiero y, en última instancia, también económico.
La primera bomba que guarda el Gobierno es la continuación de la mal llamada "armonización fiscal", que no es otra cosa que imponer por la fuerza un socialismo fiscal obligatorio a las CCAA que rebajen los impuestos que tienen cedidos. Patrimonio es sólo el principio, tras la luz verde otorgada por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido.
Cuando Montero habla de "armonización" se refiere también a otros tributos cedidos, como Sucesiones y Donaciones, que en Madrid está bonificado al 99%. Las CCAA gestionan, además, la mitad del impuesto sobre la renta (IRPF), Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales, donde Madrid también cuenta con una fiscalidad más baja que el resto de autonomías de régimen común.
Y, dado que la revisión del modelo de financiación autonómica está pendiente desde 2014 y se pretende abordar el próximo año, la ministra tiene una oportunidad de oro para fijar una horquilla sobre estos impuestos, con un tope mínimo y otro máximo, para combatir su tan odiada "competencia fiscal". En realidad, esto se traducirá en una recentralización de competencias, en este caso fiscales, desde las CCAA al Gobierno central, lo cual no había sucedido nunca antes en democracia.
Sin embargo, se trata de una recentralización a la carta, ya que Sánchez no trata a todas las comunidades por igual. Mientras recorta competencias a Madrid, junto al resto de regiones de régimen común, gobernadas ahora mayoritariamente por el PP, le concede mucha más autonomía a sus socios de Cataluña, País Vasco y Navarra. A la primera, mediante la concesión de un fuero singular, y a las otras dos mediante la cesión de todas las competencias pendientes en sus respectivos estatutos en un plazo máximo de dos años.
Esta es la segunda gran bomba que prepara Sánchez y la más perjudicial para las finanzas madrileñas. Si Cataluña se suma al modelo foral de vascos y navarros, significa que la Generalidad recaudará el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña y, posteriormente, acordará el pago de un cupo de forma bilateral con el Gobierno central para, en teoría, cubrir el coste de los servicios que presta allí el Estado.
El problema para Madrid, en este caso, es que se rompería el actual sistema de financiación autonómica, donde las autonomías más ricas contribuyen a costear los servicios públicos básicos de las menos ricas. Cataluña es contribuyente neto del sistema, junto con Madrid y Baleares. La foralidad catalana implicaría una mayor aportación de recursos por parte de Madrid o bien menos transferencias al resto de regiones de régimen común o una combinación de ambas. Sea como fuere, el actual modelo de financiación sería difícilmente sostenible.
La tercera bomba del Gobierno contra Madrid es la condonación parcial de deuda concedida a Cataluña, unos 15.000 millones de euros inicialmente. Esa quita, sea cual sea la factura final en caso de extenderse al resto de CCAA, también supondrá una carga adicional para el bolsillo de los madrileños, de hasta 900 euros per cápita, ya que, en esencia, premiará a los gobiernos regionales más endeudados e irresponsables y castigará a las que tienen menos deuda, como es el caso de Madrid.
Y la cuarta, pero no menos importante, es la que avanzó el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, consistente en controlar el presupuesto de la región desde Moncloa de forma indirecta. Los socialistas, no contentos con reducir la competencia fiscal, ahora barajan también la posibilidad de limitar la autonomía presupuestaria de las regiones, castigando a aquellas CCAA que no alcancen un determinado nivel de gasto público en ciertos servicios.
Madrid también resultaría aquí perjudicada porque, siendo la que tiene los impuestos más bajos de España, mantiene algunos de los mejores servicios públicos del país sin necesidad de dedicarle tantos recursos como otras regiones, lo cual es señal de mayor eficiencia presupuestaria. No es cuestión de gastar más, sino de gastar mejor. Pero si Moncloa optase por castigar financieramente a las autonomías que gastan menos, Madrid también sería sancionada por Moncloa. En definitiva, cuatro golpes al bolsillo y financiación de los madrileños por parte del Gobierno de Sánchez.