El gran sindicato de los funcionarios, CSIF, ha pedido ya que se aborden las promesas realizadas por el PSOE en el pasado más cercano en unos Presupuestos plagados de tensiones de gasto por las cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas. Los funcionarios recuerdan que se trata de cuantías comprometidas pero el Gobierno, por su parte, sabe que debe hacer hueco a los descomunales regalos al separatismo y que lo tiene que hacer en plena vuelta a la vigencia de las normas europeas de control presupuestario.
Llegó el covid, y las normas de control fiscal de la UE saltaron por los aires. Pedro Sánchez supo aprovechar ese perdón generalizado y disparó la deuda pública en cerca de 300.000 millones de euros. Luego llegó la invasión de Ucrania por Rusia. Y los controles del derroche público siguieron inhabilitados. Y Sánchez volvió a aprovechar para elevar la deuda pública en casi otros 100.000 millones. Y, con todo este recorrido, España ha llegado al fin de un año -2023- tras el que -según nazca el año 2024- volverán las reglas fiscales de la UE. Y España tiene que intentar volver a la displina de control del déficit después de acabar de cerrar trimestres con 33.000 millones sólo en 90 días.
Y, para colmo, España llega a esa situación con un presidente, Pedro Sánchez, que no deja de prometer dinero a los separatistas.
Los funcionarios se han cansado y han pedido ya que se les pague lo que les prometió el PSOE. Por eso CSIF pide que los Presupuestos incluyan la subida salarial de los funcionarios de Justicia. "El BOE publicó el pasado día 23 las normas para elaborar las cuentas públicas de 2024: pedimos la apertura de la negociación", señala CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha remitido ya una carta al Ministerio de Justicia emplazándole a que incluya en sus propuestas de gasto -cada departamento ministerial debe enviarlas al Ministerio de Hacienda para elaborar los Presupuestos- una partida presupuestaria destinada al incremento retributivo de estos 45.000 funcionarios, conforme al documento reivindicativo que CSIF y otras organizaciones sindicales presentaron en abril, cuando comenzaron las movilizaciones.
CSIF, que recientemente ha renovado su condición de primer sindicato en la Administración de Justicia, también ha solicitado a la nueva administración de Justicia que se retomen de forma urgente las negociaciones para resolver el conflicto que se arrastra desde la pasada legislatura, y buscar fórmulas que permitan la recuperación de la normalidad en el funcionamiento de juzgados y tribunales y, en general, en la prestación de este servicio público esencial.
Hay que recordar que en aquellas negociaciones, el Gobierno deslizó -sin pactar nada formalmente- que a la vuelta de las elecciones tendría en cuenta las exigencias porque se habían pactado ascensos con otros colectivos. Ahora CSIF le reclama el dinero y lo hace justo mientras Pedro Sánchez no deja de regalar fondos públicos al separatismo.