El mayor sindicato de funcionarios ha vuelto a la carga contra la política salarial del Gobierno nada más formarse el nuevo Ejecutivo. Y lo ha hecho creando una página web para que todos los empleados públicos puedan conocer de primera mano el coste que ha tenido para cada uno de los funcionarios el gran favor hecho a Pedro Sánchez por CCOO y UGT. Por cierto, CCOO es el sindicato cuna y preferido de Yolanda Díaz. Y es que los dos grandes sindicatos políticos rebajaron las exigencias de CSIF para firmar un acuerdo salarial por debajo de la inflación, permitiendo a Sánchez abordar las elecciones sin conflicto con los empleados públicos.
Los funcionarios exigieron un sistema de "protección salarial real frente a la inflación". La petición la trasladó CSIF, que llegó a convocar manifestaciones para mostrar su reclamación y su fuerza. Fruto de ello, lograron una oferta del Gobierno de una subida, en teoría, del 3,5%, pero que realmente consistía en un 1,5% desde enero de 2022, otro 2,5% a partir de 2023 y un 2% desde 2024. Y ello con una inflación que sobrepasaba por aquellas fechas el 10%. CSIF, el gran sindicato de la función pública, no lo aceptó. Pero el acuerdo acabó saliendo adelante porque CCOO y UGT sí firmaron.
Con esos apoyos y el rechazo de CSIF, se selló el pacto para que las retribuciones de los empleados de las Administraciones Públicas tuvieran "un alza fija del 2,5%, ampliable en otro 1% según la evolución del PIB. La subida salarial plurianual para el periodo 2022-2024 supondrá una revalorización mínima de un 8% en esos años", señaló el Gobierno tras cerrar el pacto.
La nota del Ejecutivo de Sánchez señaló en aquel momento que el "Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública, CCOO y UGT, han firmado un acuerdo que devuelve a los empleados públicos los derechos arrebatados en la anterior crisis financiera". La nota escondía, así, el hecho de que el sindicato mayoritario en la función pública se había quedado fuera. Porque pedía una equiparación plena a la inflación.
"El pacto, rubricado en un acto público en la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el responsable de Área Pública de CCOO, Humberto Muñoz, y el secretario general de UGT-Servicios Públicos, Julio Lacuerda, incluye el compromiso de impulsar una Administración del siglo XXI. Un proceso de transformación del sector público recogido en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia comprometido con las instituciones europeas", señaló el Gobierno contento por pacificar antes de las elecciones el clima con los empleados públicos.
Es más, la ministra de Hacienda y Función Pública destacó que "este acuerdo en el ámbito público puede contribuir a forjar un pacto de rentas entre los trabajadores y las empresas del sector privado. Una iniciativa que el Gobierno ha dejado claro que respaldaría en medio del contexto de incertidumbre provocado por la invasión de Rusia en Ucrania y la crisis energética derivada de la misma, tal y como recoge el Plan Presupuestario 2023 enviado a Bruselas".
El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, por su parte, siguió reclamando al Gobierno una actualización real y eficiente de los salarios públicos en 2022 con la inflación, "con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido", en línea con la medida adoptada por Francia el mes de julio previo. Es más, CSIF reclamó "un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra mermado desde 2010. No que garantice que la pérdida se afianza e incluso agrava".
Pues bien, ahora, CSIF ha creado una web donde cada uno de los funcionarios puede comprobar su caso particular y comparar cómo le ha quedado el sueldo y cómo le hubiese quedado si CCOO y UGT no hubiesen firmado y hubiese salido adelante la propuesta de CSIF.