Pablo de Lora es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Este invierno ha presentado su nuevo libro "Los derechos en broma" (Deusto, 2023), un ensayo en el que carga contra la moralización de la política en las democracias liberales y explica cómo y por qué legislar con espíritu moralizador degrada el ideal de la ley y el desempeño del Estado de Derecho.
Las leyes empiezan a parecer manifiestos políticos, algunas exposiciones de motivos parecen sacadas de un programa electoral.
Toda legislación tiene un inevitable fundamento ideológico o moral, pero, en efecto, en esta nueva legislación, que yo denomino "santimonia", se ha exacerbado. Tales leyes tienen preámbulos larguísimos, casi poéticos, que además resultan inversamente proporcionales al escaso contenido prescriptivo de su articulado, a menudo pobremente redactado, con todo lo que ello supone.
Su libro habla de los derechos genuinamente entendidos. Como sabe, en tiempos actuales se cae con frecuencia en el relativismo, cuando no en el nihilismo, de modo que casi sorprende que Vd. tome una postura tan clara.
Solamente aquellos derechos subjetivos de los que podamos predicar que son absolutos, universales e inalienables son derechos que debemos tomarnos verdaderamente en serio. No restringir de tal forma nuestro entendimiento del derecho conlleva efectos contraproducentes: devaluación del ideal mismo de la ley, parálisis de la discusión pública sobre cuestiones de máxima relevancia, meras demandas convertidas en supuestas reivindicaciones de derechos humanos… El debate público acaba esclerotizado - y la sobreabundancia de derechos multiplica los conflictos entre ellos.
Cuando la ley toma partido, y lo hace desde postulados hiper-moralizantes, el Estado pasa a ser juez y parte de una única forma aceptada de comportamiento en sociedad.
En efecto, esa hipermoralización vulnera la necesaria neutralidad del Estado liberal y ahoga las posibilidades de que sea el propio individuo quien se erija como escultor de sí mismo, como decía el humanista Pico de la Mirandola. Es un problema de primer orden propio de la degradación que estamos viviendo.
Tendemos a pensar que el populismo se encuentra solamente en los extremos políticos, pero su repaso a la mala legislación que estamos produciendo muestra que podemos hallarlo en todo tipo de espacios políticos que parecen confiarle a sus mediocres leyes un poder casi sacrosanto.
Daniel Gascón lo ha resumido muy bien diciendo que, "en la lucha contra el mal lo importante es sentirse bien". Y también me permito recordar a Jean Claude Juncker, el ex presidente de la Comisión Europea, que admitió que los gobernantes saben "qué es lo que hay que hacer. Lo que no saben es cómo hacerlo y después ganar las próximas elecciones".
Ante esta deriva del proceso legislativo, emerge un problema de hiperregulación cada vez más acusado.
En efecto, es un fenómeno no solo español, que tiene que ver con la sobredimensión del Estado y con la mala digestión del marxismo cultural, que supone que, si se conquista el BOE, entonces se puede usar ese poder para cambiar realidades y problemas sociales que son de una enorme complejidad y que no se pueden borrar o alterar a golpe de normas.
Aunque la anunciada Ley de Amnistía no toca el ámbito de la economía, son muchos los empresarios e inversores que advierten de sus implicaciones negativas para la seguridad jurídica. ¿Qué opina Vd. desde el campo de la filosofía del derecho?
El proyecto de Ley de Amnistía que hemos conocido es un ataque frontal al ideal de la igualdad ante la ley y, por ende, a la Constitución española. Se trata de una afrenta desde su misma exposición de motivos, un texto prolijo que resulta tramposo, parcial e inhábil para ocupar el verdadero motivo de la proposición de ley, que solamente sale adelante porque supone un acto de corrupción política consistente en comprar siete votos para una investidura.