La CEOE presentó la pasada semana su informe de producción normativa para el año 2022. Un año más, se constata el problema de hipertrofia asociado a los excesos legislativos que vienen sufriendo las empresas españolas. Sin embargo, ¿cuál es el coste de este tsunami regulatorio? ¿Hasta qué punto somos más pobres debido a la continuación publicación de nuevas leyes, decretos y disposiciones?
Un nuevo estudio de Foro Regulación Inteligente evalúa esta cuestión y pone el acento en los múltiples episodios de mala calidad regulatoria en los que están incurriendo nuestros gobernantes. Como ejemplo de inseguridad jurídica, cita la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que en teoría supone una mejora respecto a la normativa que pretende actualizar, de 1998, y sin embargo está redactada de manera que viene a ampliar, que no reducir, las restricciones de publicidad aplicables a determinados productos y servicios que, según el espíritu de la Ley General de Comunicación Audiovisual, no deberían estar en este limbo.
Desde FRI recalcan que el número de páginas recogidas en el BOE no para de crecer, hasta el punto de que el volumen total de normativa publicada hace dos años, en 2021, alcanzó los 240.000 folios y se incrementó en un 26% con respecto al año anterior. Las cifras de 2022 no son mucho mejores: agregando todas las capas de la Administración, el número de páginas de nuevas regulaciones en vigor subió en un 22%. Llueve sobre mojado, por tanto, y el problema se sigue agravando.
Hay que tener en cuenta, además, que la mala calidad de la regulación se está exacerbando en los últimos años, no solo porque se siguen acumulando nuevos desarrollos legislativos, sino también porque la claridad lingüística empleada en la redacción ha evolucionado a peor y el número de referencias a otras normas no para de incrementarse. Sobre este último punto, se dan circunstancias como la de Aragón, donde cada norma alude, de media, a otras dieciocho leyes, decretos y disposiciones, complicando enormemente el conocimiento del acervo jurídico aplicable a cada circunstancia o sector.
¿Cuánto puede mejorar el desempeño económico si España deja atrás su problema de mala regulación? El estudio pone de manifiesto que la producción aumentaría entre 36.000 y 48.000 millones de euros, si se produjesen reformas de calado en este campo. Esta cifra equivale a 3.000 por hogar de riqueza perdida en la economía de nuestro país. Además, supone hasta dos veces la recaudación anual por Impuesto de Sociedades.
El estudio de FRI pone como ejemplo las leyes de simplificación normativa que están impulsando regiones como Madrid, Murcia, Galicia o Andalucía, pero subraya que incluso en estos territorios, y especialmente en el resto de comunidades, queda mucho trabajo por hacer.