Indignación en el sector bancario con el Gobierno. La Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha rechazado frontalmente la prórroga del "gravamen temporal" al sector bancario que Pedro Sánchez anunció ayer miércoles. "Este gravamen tiene efectos negativos sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en un contexto de incertidumbre económica internacional" denuncian los banqueros.
Además, la decisión de extender el gravamen "afecta negativamente a la competitividad del sector bancario y la confianza en el país, dado que los inversores demandan estabilidad jurídica, previsibilidad de las normas y transparencia" añaden.
Las patronales bancarias recuerdan que hasta "el Banco Central Europeo ha advertido sobre los potenciales efectos negativos de este tipo de gravamen". En varias ocasiones, el BCE ha cuestionado distintos aspectos del impuestazo de Sánchez por considerar que su importe podría no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades o que se repercutiría en los clientes, por ejemplo, con préstamos, intereses y comisiones más caras.
Aunque el texto del Gobierno contempla "la futura revisión de ambos gravámenes para su plena integración en el sistema tributario", si finalmente se mantiene este año el impuesto como hasta ahora, su gravamen seguirá siendo del 4,8% sobre las comisiones e intereses de los bancos que superen los 800 millones de facturación.
Uno de los sectores más maltratados
En el primer año en vigor, Hacienda se ha embolsado 1.263 millones gracias al nuevo tributo, una cuantía ligeramente inferior a los 1.500 millones que esperaba. Las tasas se aplican sobre los resultados de 2022 y 2023, pero se pagan en 2023 y 2024. Cabe recordar que, este nuevo impuesto se suma al tipo mínimo del 18% en el Impuesto sobre Sociedades que ya se aplica a la banca y que también supone una discriminación directa a su actividad (también lo pagan las petroleras). Así, el de la banca es uno de los sectores más maltratados por el actual Gobierno.
En este sentido, la patronal denuncia que "la decisión del Ejecutivo no atiende la obligación de revisar a los dos años el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó en función, entre otros factores, de la situación del sector en ese momento y del efecto acumulativo de dicho gravamen junto con el Impuesto sobre Sociedades, y se produce sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones". Entidades como Bankinter o Sabadell también lo han llevado a los tribunales. Sin embargo, por el momento, el impuestazo bancario se prorrogará un año más al igual que el que afecta específicamente a las energéticas.
Excepción fiscal a las empresas energéticas
Que el Gobierno haya decidido mantener también el impuesto dirigido a Endesa o a Repsol llama la atención después de que Sánchez o Ribera reconocieran hace unos días que lo estaban reformulando después de las advertencias de las compañías energéticas de paralizar y/o sacar inversiones del país.
Eso sí, en el caso del impuesto "extraordinario" a las empresas energéticas, el Gobierno ha establecido una salvedad, quizá, por el varapalo que supondría perder esas inversiones. Así, el texto aprobado por el Gobierno plantea "un incentivo para que los obligados al pago en el sector energético accedan al mismo si realizan inversiones estratégicas desde 1 de enero de 2024" reza el texto del Ejecutivo.
Aunque poco se conoce sobre los detalles de esos "incentivos", todo apunta a que el Gobierno usará las rebajas fiscales para convencer (o presionar) todavía más a las empresas energéticas a que inviertan en los proyectos verdes que el Ejecutivo considere oportunos. En el caso de las compañías energéticas, Hacienda ha ingresado unos 1.644 millones en el primer año de su aplicación, también ligeramente por debajo de los 2.000 euros previstos, pero una cantidad suculenta a la que el fisco no quiere renunciar, al menos, en parte porque Sánchez ha pactado con el PNV "una posible concertación" de estos impuestos "con las comunidades de País Vasco y Navarra".