Repsol abrió el melón hace unos días. El gigante petrolero español ha reconocido que estudia sacar proyectos industriales fuera de España ante la asfixia fiscal a la que le tiene sometido el Gobierno y la inseguridad jurídica que han provocado las imposiciones del Ejecutivo de PSOE y Podemos en su sector. Así de contundente se mostró la compañía en un comunicado el pasado 26 de octubre, el mismo día en el que presentaba los resultados de los primeros nueve meses del año.
"La posibilidad de que se mantenga un gravamen a las compañías energéticas, que se ideó como temporal y extraordinario, castiga a las empresas que, como Repsol, invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país. En cambio, favorece a los importadores que no generan empleo ni actividad económica relevante en España. En consecuencia, la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España", señalaba la empresa de Josu Jon Imaz.
No es nada habitual que una empresa de la relevancia de Repsol haga declaraciones tan directas y se queje sin rodeos de los políticos de turno, pero todo apunta a que su hartazgo está llegando al límite.
El Gobierno, contra Repsol
Entre los mayores agravios que ha sufrido Repsol por parte del Gobierno se encuentra el impuesto específico a las compañías de su sector (también para banca y eléctricas) aprobado en 2022 y que supuestamente iba a ser "temporal", pero que si Sánchez continúa en el poder, continuará vigente.
A este tributo hay que sumarle las políticas anticoche del Ejecutivo de PSOE y Podemos, que están basadas en cercar a los vehículos de combustión con prohibiciones y en mayores impuestos para los conductores. En este sentido, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido uno de los directivos más combativos frente a la obsesión ecologista de Sánchez y Bruselas contra los vehículos diésel y gasolina. "Es una movilidad sólo para ricos" llegó a señalar Imaz, que también ha criticado que los conductores españoles paguen en impuestos por tonelada de CO2 la friolera de 327 euros, "cuatro veces el precio europeo".
De momento, Repsol tenía varios proyectos aprobados en nuestro país, que ha decidido dejar en suspenso. Se trata de inversiones relacionadas con el hidrógeno verde en Bilbao, Cartagena y Tarragona, además de la ecoplanta que está proyectada también en Tarragona. Todas ellas sumaban unas inversiones de alrededor de 1.500 millones de euros.
Aviso de Galp, BP, Cepsa...
Ahora, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), de la que forman parte Galp, BP, Cepsa y hasta la propia Repsol, también condicionan sus inversiones en territorio español ante "las lesivas consecuencias que la prolongación del gravamen extraordinario y temporal a las compañías energéticas tendrá en la competitividad del sector, el proceso de transformación de la industria, así como el empleo, la autonomía energética de España y en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país".
La AOP asegura que "prolongar el gravamen extraordinario condiciona la inversión para acelerar la transición energética en España", precisamente, el objetivo último tanto del Gobierno como de Bruselas. Y si las empresas privadas deciden no invertir en desarrollar tecnología menos contaminante, la ansiada descarbonización será todavía más complicada.
La intención de prorrogar el gravamen en el tiempo -recogida en el acuerdo entre PSOE y Sumar- "penaliza a las compañías que están invirtiendo en España, en su reindustrialización, en la creación de empleo y en la descarbonización de su industria y de los sectores que constituyen su demanda, como el transporte aéreo, marítimo y terrestre" añaden. Así, aseguran que están en riesgo 16.500 millones de euros en inversiones proyectadas en España hasta 2030.
Las petroleras denuncian además, que el impuesto de Sánchez discrimina a las empresas españolas frente a, por ejemplo, las chinas. "Supone una clara desventaja competitiva frente a industrias importadoras -que no crean empleo- y frente a otros países sin objetivos climáticos, penalizando la industria en España, que dedica recursos a su transformación y a la descarbonización" apuntan.
Por tanto, la AOP reitera su rechazo a este impuesto, que "vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa. Además, la propuesta debería esperar a los pertinentes informes que tanto la UE como el Gobierno español debían emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen".