El predominio de discursos izquierdistas en el sector del cine español ha provocado notables controversias a lo largo de los años. Conocido es el lamento de aquellos que cuestionan las millonarias subvenciones que recibe esta actividad, que de hecho llegan a superar las cifras de recaudación de taquilla de numerosos estrenos.
Pues bien, aunque es habitual escuchar a actores, guionistas y directores reivindicando la aplicación de políticas económicas de izquierdas, lo cierto es que el régimen tributario aplicado al cine está marcado por un sinfín de ventajas que, de hecho, sitúan esta actividad como una suerte de "oasis fiscal" directamente beneficiado por la aplicación de un sinfín de incentivos, deducciones, bonificaciones y exenciones.
De entrada, si nos fijamos en la Ley del Impuesto de Sociedades, encontramos que las inversiones en producciones audiovisuales españoles pueden llegar a ser de 10 millones de euros por proyecto, una cifra que antaño llegaba hasta un tope de 3 millones y que, a raíz de este cambio producido en marzo de 2023, puede llegar a alcanzar el 85% del coste de producción.
Así, el porcentaje de referencia llega al 50%, de modo que una producción audiovisual de 20 millones puede llegar a beneficiarse de un rembolso de hasta 10 millones. No obstante, hay casos en los que el descuento aplicable llega al 85%, como sucede con los cortometrajes, mientras que las películas de directores que hayan conducido menos de tres largometrajes a lo largo de su trayectoria y cuenten con un presupuesto de menos de 1,5 millones pueden beneficiarse de un descuento fiscal del 80%.
Además, aquellas producciones dirigidas exclusivamente por mujeres logran una ventaja fiscal del 75%, idéntico porcentaje al que se recoge para los documentales y para las producciones "con especial valor cultural y artístico", una categoría cuyos criterios se establecen mediante meras órdenes ministeriales o convocatorias de ayudas.
Los beneficios también superan el 50% en el caso de las coproducciones con países iberoamericanos (deducción del 60% del presupuesto), las producciones financiadas por al menos dos países miembros d la Unión Europea (de nuevo, descuento aplicable del 60%) o las obras de animación con un presupuesto de menos de 2,5 millones (en este caso, deducción del 70%).
Por otro lado, las empresas productoras que asumen la ejecución de producciones extranjeras pueden beneficiarse de una deducción del 30% respecto al primer millón invertido en el proyecto y de un descuento del 25% sobre cualquier cantidad sobre dicho importe. Además, si se trata de gastos de per-producción o post-producción en ámbitos como la animación y los efectos visuales, el umbral de referencia pasa de un millón a 200.000 euros. En esta gama de ventajas fiscales, el importe máximo de la deducción puede llegar a ser de 10 millones, más que triplicando los 3 millones que servían como referencia hasta marzo de 2023. Sin embargo, cuando se trata de producciones extranjeras, la cuantía de la deducción fiscal llega a 20 millones por largometraje o 10 millones por episodio de serie.
En total, los incentivos fiscales percibidos por las productoras de cine y series han alcanzado los 311,5 millones de euros desde el año 2015. Solamente en 2022, las deducciones supusieron un ahorro de 70,6 millones, más que multiplicando por diez los 6,3 millones de ahorro fiscal que generaban estos mecanismos cuando se pusieron en marcha por vez primera, en 2015. Llama la atención que, si bien el modelo implementado entonces fue justificado como una fórmula capaz de cambiar las subvenciones por incentivos, la realidad que observamos hoy arroja la combinación de estos descuentos fiscales con unos subsidios que siguen sin replegarse.
A estas ventajas hay que sumarle las que ofrecen distintas regiones. En las Islas Canarias, por ejemplo, la deducción puede ser de hasta el 50% y el importe deducido puede llegar a 18 millones de euros por proyecto. En la Comunidad Foral de Navarra, la deducción es del 35-40% y puede alcanzar los 5 millones por expediente.
A todo lo anterior hay que sumarle el hecho de que las entradas de cine estén gravadas a un tipo reducido de IVA del 10%, un gravamen que también se aplica a otros ámbitos de la cultura, como el teatro, los conciertos de música o los espectáculos taurinos. La comparativa con la Fiesta es especialmente llamativa porque los toros generan cinco veces más IVA que el cine español.
De modo que los mismos profesionales del cine español que alzan la voz de forma recurrente para defender políticas económicas de izquierda son también beneficiarios directos de un régimen tributario diferenciado muy ventajoso, lo que les permite acogerse a un sinfín de deducciones al tiempo que siguen percibiendo millonarias subvenciones.
Por otra parte, también resulta llamativo que desde la industria se celebre abiertamente el éxito que han supuesto estas ventajas fiscales (en el sector se suele presentar a nuestro país como "el Hollywood de Europa") mientras se ignore el beneficio que podrían reportar medidas similares en caso de ser aplicadas al conjunto de la economía, en forma de rebajas generalizadas de impuestos.