Los socios del Gobierno mantienen sus objetivos y siguen presionándolo. Esta vez ha sido el turno de Junts: Rius, vicepresidente y portavoz de la formación, ha pedido ayuda al Ejecutivo de Sánchez para ahondar en su política de asfixia a las empresas no alineadas con el independentismo.
Como requisito para su voto afirmativo en la convalidación de los maxidecretos ley del Gobierno, los diputados de Puigdemont quieren beneficios para las empresas que regresen a Cataluña y penalizaciones para las que no lo hagan.
Garamendi, como Presidente de la CEOE, se ha manifestado en contra de las peticiones del nacionalismo, considerándolas excesivamente intervencionistas y afirmando que "multar a las empresas por no volver a Cataluña se llama comunismo". El portavoz de los empresarios también ha advertido de la potencial inconstitucionalidad de las intenciones de Junts a la par que ha recordado la libertad de la que deben gozar las corporaciones para "instalarse e invertir donde quieran".
Además, ha recordado que la fuga de empresas de Cataluña no fue una decisión "por placer": tuvieron que hacerlo, "con muchísimo dolor y auténtica tristeza", obligadas por la situación política, social y económica que generó el desafío separatista.