El nuevo reglamento del control pesquero de la Unión Europea entra en vigor este martes. Entre sus novedades figuran la digitalización obligatoria de las capturas, la geolocalización de los buques o la instalación de cámaras a bordo, que supondrán un esfuerzo económico para la flota española y un posible repunte del precio del pescado para el bolsillo de los consumidores.
Tras cinco años de negociaciones en la UE, la regulación acordada en 2023 actualiza el 70% de las normas de control pesquero con el objetivo perseguir y penalizar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Sin embargo, tal y como sucede con las medidas europeas que afectan a la agricultura y la ganadería, estas medidas serán complicadas de implementar y supondrán un gasto extraordinario para las empresas pesqueras. En España, la primera potencia pesquera de la UE, afectará a una flota que cuenta con 8.657 barcos y a un sector que genera 31.000 empleos directos y 150.000 indirectos.
Las medidas se aplicarán de forma gradual, con una transición de entre 2 o 4 años. Según los representantes pesqueros, la modernización del control es positiva para garantizar una buena gestión de los caladeros, pero algunas de sus medidas van a complicar mucho la faena de los pescadores y serán muy costosas, según el secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat.
Principales medidas
Se acabó lo de anotar las capturas en papel. La nueva reglamentación obliga a registrar todas las capturas de forma digital, incluidas las de la pesca recreativa. También exigirá a los buques ir equipados con sistemas de seguimiento por satélite antes de 2030, incluyendo también a unos 50.000 buques de menos de 9 metros de eslora.
Por otra parte, habrá una vigilancia electrónica remota de buques más grandes para garantizar que las capturas no deseadas no se descarten en el mar y no se vulnere de la "obligación de desembarque", que exige llevarlas todas a tierra.
Uno de los aspectos más controvertidos de la negociación del reglamento fue la instalación de cámaras a bordo y finalmente la UE acordó imponerlas a los navíos de más de 18 metros de eslora, si hay riesgo de que se incumplan las exigencias contra los descartes. Sin embargo, los armadores tienen muchas dudas sobre cómo va a ser el desarrollo legislativo del nuevo reglamento en cuestiones como la de las cámaras.
Sanciones y el "carné por puntos"
Por otra parte, la nueva normativa revisa el sistema de sanciones y criterios para fijar unas multas mínimas, con una lista de infracciones graves de las normas de la Política Pesquera Común y los Estados miembros deberán garantizar que los responsables queden sujetos a sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias".
Actualiza también el sistema de "carné por puntos", que funciona en la pesca de la UE de forma inversa al transporte por carretera, según el cual a los infractores se les anotan puntos y cuando hay una suma de tantos se produce la penalización.
A este respecto, según reconocen las organizaciones pesqueras, España tiene muy desarrollado dicho "carné", al igual que las sanciones, al contrario que otros países comunitarios, lo cual no supone un gran cambio.
Reacción de la flota
Los armadores españoles consideran que el nuevo reglamento "va a complicar la vida de los pescadores" y que requerirá un esfuerzo de adaptación a las nuevas tecnologías, especialmente para la flota de bajura o artesanal, según ha subrayado Garat, también presidente de la patronal europea Europêche, que integra a empresas y a cofradías.
Garat ha añadido que los pescadores sienten que "no se les deja respirar" con nuevos requerimientos, pese a la dureza de su trabajo, y que con las políticas de la UE "se les criminaliza".
No obstante, la patronal de armadores ha valorado aspectos positivos de la nueva reglamentación. Entre ellos, el impedimento de que las embarcaciones apaguen el sistema de identificación automática (AIS, en sus siglas en inglés) y que solo lo puedan hacer si informan al Estado miembro de la razón: esto evitará transbordos ilegales en alta mar; esta novedad también ha sido valorada por la organización ambientalista Oceana