Sin FLA, se vive mejor. Éste podría ser el titular a modo de conclusión que arroja un reciente estudio de la firma de análisis BBVA Research, donde se pone negro sobre blanco a los costes y beneficios de acudir a los mecanismos extraordinarios de financiación del Estado, como es el caso del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), por parte de las comunidades autónomas (CCAA).
Pedir dinero prestado al Estado en vez de financiarse en los mercados tiene algunas ventajas a corto plazo, como pagar un menor tipo de interés por la deuda, pero, a medio y largo plazo, los costes de esa particular dependencia estatal son superiores a esos supuestos beneficios, tanto en términos de crecimiento económico como de deuda.
El FLA nace en 2012, en medio de la crisis de deuda europea, con la prima de riesgo de España disparada y con graves problemas en algunas CCAA para financiarse en los mercados. Es ahí cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy crea un mecanismo extraordinario de financiación a través del cual el Estado concede créditos a bajo coste a regiones y ayuntamientos con problemas de liquidez.
Desde entonces, este mecanismo sigue en vigor y son muchas las CCAA que, hoy por hoy, siguen dependiendo del Estado para financiarse. Tanto es así que el Gobierno de Pedro Sánchez plantea ahora una quita sustancial de la deuda acumulada por las autonomías a través del FLA.
Según el citado informe, en ausencia de FLA, las comunidades autónomas hubieran tenido que asumir un coste promedio adicional de más de 1 punto porcentual para financiarse en los mercados, lo que habría situado su deuda 2 puntos de PIB por encima del nivel registrado en 2022. "Esto es equivalente a un subsidio en el pago de la carga financiera de las comunidades autónomas a cargo del Estado". De hecho, el FLA ha permitido que, al tiempo que las comunidades mantienen el acceso a la financiación, los costes financieros representen sólo un 1,7% del total del gasto autonómico.
Es decir, las regiones que han acudido al FLA han disfrutado de costes financieros algo más bajos. Pero, hasta aquí las ventajas. Lo que concluye este estudio es que estos supuestos beneficios no compensan los costes de depender del Estado.
"El FLA tiene costes importantes", como el aumento de la prima de riesgo en las emisiones del Tesoro, una redistribución de recursos entre administraciones públicas cada vez menos justificada, ausencia de reformas y ajustes, menos crecimiento económico y, a la postre, mayor déficit, deuda y pago de intereses. Así pues, a medio y largo plazo, las CCAA que no han acudido al FLA o lo han hecho en menor medida salen ganando en comparación con las regiones más dependientes del Estado.
El primer coste a tomar en cuenta es el incremento en la prima de riesgo que supone el aumento en las emisiones del Tesoro. "La prima de riesgo soberana española podría haberse incrementado alrededor de 70 puntos básicos como consecuencia del apoyo otorgado a los gobiernos regionales durante la crisis financiera global". Y, uno de los factores que puede estar lastrando la mejora del rating español es, precisamente, "la percepción de que existe un riesgo de que el Estado tenga que asumir una parte de la deuda autonómica o sea el último responsable de la misma", aclara el estudio.
El segundo coste es el reparto "desigual" de recursos desde el Estado a las comunidades autónomas. El FLA ha permitido una reducción promedio de 1 punto en el coste financiero de la deuda autonómico, pero el ahorro en algunas regiones llega a 2 puntos porcentuales. El problema, en este caso, es que esa particular factura pasa al Gobierno central y el resto de CCAA en forma de "coste adicional de financiación". Y, en la actualidad, esta redistribución no está justificada, una vez que las tensiones en los mercados de financiación han revertido.
"La utilización del FLA tiene un coste en términos de solvencia del Estado y el cumplimiento de sus compromisos, introduciendo falta de transparencia y de rendición de cuentas". Si existe un problema de financiación de los servicios que brindan los gobiernos regionales, esto debería abordarse a través de acuerdos que garanticen los ingresos necesarios para mantenerlos, no a través de préstamos extraordinario, según el informe.
Menos crecimiento y más deuda
El tercer problema -y el más importante- es que el FLA incentiva la "dependencia del Estado" para financiarse y eso debilita la disciplina fiscal y la implementación de reformas por parte de las regiones para impulsar el crecimiento. De hecho, "cuanto menor ha sido el acceso al FLA, mayor ha sido el crecimiento del PIB per cápita regional durante los últimos años", tal y como muestra el siguiente gráfico.
Y ese mayor crecimiento también ha generado más recaudación, contribuyendo así positivamente al equilibrio de las cuentas públicas sin necesidad de subir impuestos, como es el caso de Madrid. "El acceso a los mercados de capitales por parte de las comunidades autónomas que apenas recurrieron al FLA habría incentivado a dichas regiones a introducir medidas de eficiencia del gasto o reformas que han incrementado su capacidad de recaudación al generar crecimiento económico", aclara el estudio.
Todo ello acaba impactando, por tanto, en el sano equilibrio de las cuentas públicas. Por un lado, sin ajustes ni reformas adicionales, habrá dos comunidades autónomas con un déficit del 2% del PIB a medio plazo y otras tres con un desequilibrio del 0,5%, según la AIReF. La falta de condicionalidad efectiva dentro del FLA puede suponer un "obstáculo para la reducción del déficit y de la deuda autonómicos", puesto que las regiones más dependientes del Estado, como es el caso de Cataluña, no tienen incentivos para adoptar reformas que aumenten el crecimiento de su PIB, lo cual sí se produce cuando su financiación depende de su acceso a los mercados.
La dependencia del Gobierno central hace que las CCAA se centren más "en mantener una relación política estrecha para asegurarse un flujo constante de fondos o en trasladar los problemas de financiación al nivel superior de gobierno, antes que en buscar recursos entre sus propias fuentes de financiación". Por tanto, sus incentivos para mejorar la eficiencia en la gestión de recursos es menor, llegando incluso a repetir "los excesos cometidos en el pasado".
En particular, "el rescate que ha significado el establecimiento del FLA puede hacer que, en el futuro, otros gobiernos autonómicos actúen bajo el supuesto de que el acceso al Tesoro siempre podrá ser una opción de última instancia […] Y esto puede llevar a la toma coordinada y excesiva de riesgos en las cuentas autonómicas", indica el informe.
Y, por último, pero no menos importante, "el crecimiento económico contribuye, asimismo, a reconducir el nivel de deuda hacia niveles más sostenibles". El avance del PIB nominal ha sido el principal factor de reducción de la deuda en prácticamente todas las regiones durante los procesos de recuperación económica en los últimos 20 años.
Esto explica que, en los últimos años, las CCAA que no han acudido o no dependen tanto del FLA hayan podido financiarse incluso por debajo de lo que paga el Tesoro y mejorando la vida media de su deuda.
Por el contrario, las comunidades adheridas al FLA, en caso de tener que financiarse en los mercado, hoy estarían pagando en promedio "el doble que aquellas que están fuera, sobre todo las que tienen una deuda sobre PIB más elevada". Y estas diferencias se mantendrán incluso en un escenario de condonación de deuda autonómica.
La conclusión es clara, según el citado estudio: "Las comunidades autónomas que han acudido al FLA han recibido un subsidio para hacer frente al pago de su carga financiera", pero "los beneficios de estar fuera del FLA son mayores que los costes".
En todo caso, el acceso a un mecanismo de financiación como el FLA debería ser "temporal" y condicionado, incluyendo "incentivos", no sólo para reducir el desequilibrio en las cuentas públicas o en el nivel de deuda, sino para "realizar los ajustes a través de reformas que atraigan inversión, generen empleo, incrementen la capacidad de recaudación y mejoren la eficiencia de los gobiernos regionales".