El temor a que un piso vacío pueda convertirse en objeto de deseo para los okupas empuja a muchos propietarios a poner su vivienda en alquiler. Sin embargo, en ocasiones, el remedio puede ser peor que la enfermedad. "Alquilé mi piso para que no se metieran okupas y los acabé metiendo yo misma y con contrato", lamenta Ruth, una propietaria de Tarragona hoy convertida en víctima de la llamada inquiokupación, la protagonizada por aquellos inquilinos que dejan de pagar y se convierten de facto en okupas.
Al tener a su primer hijo, Ruth decidió deshacerse del pequeño piso que se había comprado en la localidad tarraconense de Montroig con el objetivo de poder adquirir uno más grande. Sin embargo, la crisis derivada de la pandemia del coronavirus hizo que venderlo pareciera misión imposible, así que, por miedo a tenerlo vacío mientras tanto, y con el objetivo de no quedarse sin ahorros, optó por ponerlo en alquiler.
Recurrió para ello a una inmobiliaria que se encargó de buscarle a la inquilina aparentemente perfecta: una mujer de 61 años que trabajaba en el servicio de limpieza del Ayuntamiento y que precisamente por su edad, próxima a la jubilación, tal vez estuviera interesada en un alquiler a largo plazo, puesto que la vivienda en cuestión se encontraba en la privilegiada zona conocida como Miami Playa.
De inquilina, a inquiokupa
Los primeros meses pagó con normalidad. Sin embargo, en verano de 2022, empezaron los problemas. La inquilina se puso en contacto con ellos y les dijo que se había quedado sin contrato, pero que había recibido una ayuda para el alquiler y que seguiría pagando, aunque fuera con retraso. "Como el paro se lo pagaban a partir del día 10, nos pagaba a partir de ese día, pero desde diciembre de 2022 ya no hemos vuelto a ver ni un euro", asegura Ruth, que denuncia que, además, también tienen que hacerse cargo de otros recibos.
"Encima de no cobrar, tenemos que pagar el recibo del agua, porque si no lo hacemos, nos puede denunciar por coacciones. Y menos mal que la inmobiliaria cambió la titularidad de la luz", apunta la propietaria, que aclara, además, que sobre la vivienda aún pesa una hipoteca. "Es decir, que yo tengo que hacerme cargo de dos hipotecas, dos aguas, dos tasas de basuras, más los honorarios del abogado… Y yo tengo dos bebés a mi cargo y una reducción de jornada, porque no tengo a nadie de la familia que me pueda ayudar con ellos", lamenta.
Aunque el juez ya ha fijado dos fechas de lanzamiento, la inquiokupa ha conseguido esquivarlas con todo tipo de tretas. La primera, solicitando un abogado de oficio. La segunda, presentando un recurso de vulnerabilidad que, según Ruth, no ha acreditado y cambiando de abogado nuevamente. Mientras tanto, eso sí, no ha dudado en llamar a la propietaria cuando algo se le ha estropeado: "Este verano me dijo que se le había embozado el desagüe y que llamase al seguro y claro, por miedo a que se me inundara el piso o lo que fuera, no me quedó otra que hacerlo".
¿Quién es la vulnerable?
Como a otras tantas víctimas de la okupación, la impotencia también le ha pasado factura a su salud. "Hay temporadas que he tenido alopecia nerviosa, insomnio… Y procuro pensar lo mínimo en este asunto, pero a finales de diciembre tuve un bajón cuando vi que el Gobierno ampliaba el decreto antidesahucios", recuerda. De hecho, lo que más le duele es que su vida se esté viendo condicionada por culpa de una inquiokupa que se ha declarado vulnerable para retrasar su desahucio, cuando la realmente vulnerable, insiste, es ella.
"Yo sé que ha vuelto a trabajar, porque ahora mismo somos vecinas prácticamente y la hemos visto salir de casa con el uniforme, pero sigue sin pagar ni un euro. Y, mientras tanto, nosotros hemos tenido que salir adelante como hemos podido. De hecho, mi marido estuvo en el paro el año pasado", explica indignada. Afortunadamente, ya ha conseguido otro empleo, pero esta situación ha hecho que sus ahorros hayan desaparecido y que, por tanto, tengan que renunciar a muchas cosas. "Nosotros hemos sido unos currantes toda la vida, pero todo lo que hemos ido guardando se lo está comiendo esta señora día tras día", lamenta Ruth, que asegura que, hoy por hoy, ni siquiera se puede plantear apuntar a sus hijos a clases de inglés. "Es eso o el comedor", apunta.
Con todo, esta propietaria se suma a todos los que desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación reclaman al Gobierno que se ponga en su piel y que deje de hacerles responsables de algo que, en todo caso, tendría que asumir el Estado. "Si de verdad creen que son vulnerables, que se los lleven a Moncloa o que hagan lo que consideren, pero yo no tengo por qué hacerme cargo de una persona que ha firmado un contrato y no lo está cumpliendo -insiste-. Y lo peor de todo es pensar que se va a ir de rositas, porque a no ser que le toque la lotería, se va a declarar vulnerable y yo no voy a ver ni un euro".