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La UE impulsa un acuerdo contra el blanqueo mientras Sánchez negocia con Puigdemont relajar el control de Andorra

Junts le ha recordado al presidente del Gobierno que la amnistía llega hasta el dinero negro del que se haya podido beneficiar el golpe separatista.

Junts le ha recordado al presidente del Gobierno que la amnistía llega hasta el dinero negro del que se haya podido beneficiar el golpe separatista.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez saluda al presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, en Ferrol. | EFE

El Parlamento Europeo cuenta ya con un acuerdo con el Consejo "sobre nuevas medidas para reforzar un conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones". Eso es la UE. Y la otra cara de la moneda es Pedro Sánchez, que negocia justo lo contrario con Carles Puigdemont: acaba con lo que Junts denomina como el "asedio a Andorra" y la paralización de las investigaciones sobre las relaciones de cargos de su partido con este paraíso fiscal. Todo ello sin olvidar, por supuesto, que en la investigación a los Pujol se incorporó a la macrocausa información sobre las cuentas en Andorra de la familia del que fuera máximo responsable de CiU y presidente de la Generalidad.

La UE va por una lado. Y Sánchez y sus apoyos golpistas y proetarras van por otro totalmente distinto. Pero luego el PSOE acusa de antieuropeo al resto. Pues bien, los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado ya a un acuerdo provisional sobre la sexta directiva contra el blanqueo de dinero (AML) y el reglamento de la UE sobre el "libro único de reglas". Las disposiciones acordadas, que forman parte del paquete contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo (AML/CFT), tendrán que ser aplicadas por los bancos y otras entidades obligadas a proteger el mercado interior de la UE frente a los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo.

"Los nuevos proyectos de ley proporcionan acceso a la información de propiedad efectiva y dan más poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (IFI) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender transacciones sospechosas", señala una comunicación de Bruselas. "Durante las negociaciones, los eurodiputados aseguraron que a partir de 2029 los clubes de fútbol profesionales estarán obligados a verificar la identidad de sus clientes, monitorear las transacciones e informar de cualquier transacción sospechosa a las FIU. También lograron una mayor vigilancia con respecto a los individuos de mayor riqueza personal", señala la UE.

El acuerdo, además, "incluye un límite de la Unión Europea para grandes pagos en efectivo de "10.000 euros y medidas para garantizar el cumplimiento de las sanciones financieras específicas y evitar que se eludan las sanciones". Y todo ello es lo que le molesta al partido de Carles Puigdemont en el caso de Andorra, justo donde aparece uno de los rastros de las cuentas de la investigación a los Pujol.

La Agencia Tributaria, de hecho, ha remitido en diversas ocasiones información sobre los movimientos del separatismo en Andorra. Una de ellas y de las más sonadas sucedió en abril de 2020, cuando remitió un escrito al magistrado José de la Mata, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, informando de las cuentas en este paraíso fiscal del tercer hijo de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola.

Y ahora, Junts —la nueva CiU— se ha encargado de recordar a Pedro Sánchez que lo que ellos consideran como amnistía no es sólo un cheque en blanco para demoler el castillo constitucional y aceptar como legítima la comisión de delitos siempre que estén relacionados con el separatismo, sino que va más allá: en concreto, hasta los destinos donde puede haber dinero negro del que se haya podido beneficiar el golpe separatista o algunos de los líderes separatistas.

Por ello, Junts habla ya de "asedio a Andorra". Y exige la paralización inmediata de esas acciones. El pequeño problema, una vez más, es que esas acciones son judiciales y frenarlas supondría la enésima invasión del poder judicial por parte de Sánchez.

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